29/11/05

Prescripción Extintiva. Corte Suprema 29.11.2005


Sentencia Corte Suprema

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil cinco.

Vistos:

Ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Valparaíso, autos rol Nº 573-01, doña Dorina Estay Alfaro deduce demanda en contra del Instituto de Normalización Previsional, como sucesor de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, a fin que se declare que el demandado debe reconocerle el derecho a pensión de montepío, conforme a la Ley N 6.037 y al beneficio de desahucio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 bis de la Ley N 15.386 por las razones de hecho y derecho que expone, con costas.

El demandado, evacuando el traslado conferido, solicitó el rechazo de la acción, fundado en que la demandante no tiene los derechos que reclama por cuanto el beneficiario fallecido no era imponente de la institución a la época de ocurrir el siniestro. En subsidio, pide que, en el evento de ser condenado, lo sea en la forma que señala, sin intereses y, por último, opone la excepción de prescripción extintiva parcial.

El tribunal de primera instancia, en sentencia de dieciocho de marzo de dos mil tres, escrita a fojas 91, acogió la demanda y ordenó a la demandada reconocer el derecho a pensión de montepío y el pago del desahucio en la forma que indica, desestimando la excepción de prescripción opuesta por la demandada, sin costas.

Se alzó la demandada y una de las salas de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en fallo de cuatro de mayo del año pasado, que se lee a fojas 141, revocó el de primera instancia y, en su lugar, declaró que el demandado no está obligado al pago de los beneficios reclamados, omitió pronunciarse sobre el pago de intereses y la excepción de prescripción y eximió de costas a la recurrida, por voto de mayoría.

En contra de esta última sentencia, la demandante deduce recurso de casación en el fondo, por haber sido dictada, a su juicio, con infracciones de ley que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y a fin que se dicte sentencia de reemplazo que confirme la de primer grado, con costas del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurrente denuncia la infracción de los artículos 3 y 30 a 35 de la Ley N 6.037 Orgánica de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante y 19 del Código Civil.

Al respecto, el demandante argumenta que la sentencia incurre básicamente en el error de derecho de considerar que el goce de los beneficios de montepío y desahucio se encuentra condicionado por la ley a la circunstancia de que el causante se encontrara efectuando imposiciones a la fecha del siniestro, entendiendo así que sólo debe estimarse imponente a quien se encuentre realizando cotizaciones en el sistema previsional y no a todo aquel que se halle afiliado o incorporado al mismo régimen, por lo que tal calidad se perdería por el solo hecho de dejar de imponer y no en virtud de un acto expreso de desafiliación del sistema. Sin embargo, dice el recurrente, no existe disposición legal en la que pueda apoyarse la conclusión a la que se arriba en el fallo atacado.

Agrega que para decidir así, se recurre al artículo 3 de la Ley Orgánica de la ex Caja, pero su interpretación es errada, bastando la sola lectura del precepto para concluir que en ninguna parte expresa lo que señala la sentencia de que se trata. El recurrente indica que el citado artículo se limita a establecer los grupos o categorías de personas o empleados que, por la naturaleza de su actividad laboral, se encuentran sometidos a las disposiciones de la ley y son, por lo tanto, imponentes de la ex Caja, sin hacer referencia alguna a la necesidad de encontrarse imponiendo al momento de ocurrir el siniestro. En consecuencia, en concepto del demandante, se da un sentido y alcance a la norma que no tiene y se la aplica a situaciones no previstas en ella, ya que no establece requisitos para el goce de los beneficios que la misma ley concede y, por el contrario, se dejan de aplicar las disposiciones de la Ley N 6.0 37 que regulan los beneficios reclamados y a que tiene derecho la actora, que reúne todos los requisitos exigidos en los artículos 30 a 35 de la referida Ley.

Por último, el recurrente expone que se comete error de derecho al dejar de aplicar los artículos 40 y 40 bis de la Ley N 15.386, que concede el beneficio del desahucio a los beneficiarios del montepío del imponente fallecido y no acogido a jubilación.

Finaliza el recurrente describiendo la influencia sustancial que los errores de derecho que denuncia habrían tenido en lo dispositivo del fallo atacado.

Segundo: Que se asentaron como hechos, en la sentencia impugnada, los que siguen: a) no está controvertido que la última imposición en la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante se efectuó por el imponente, el 30 de noviembre de 1971 y que su fallecimiento se produjo el 18 de abril de 1999. El imponente contaba con 16 años y 7 meses de afiliación a la referida ex Caja de Previsión y no se cambió al nuevo sistema previsional. b) la viuda del imponente solicita se declare su derecho a percibir pensión de montepío y el desahucio previsto en el artículo 40 bis de la Ley N 15.386.

Tercero: Que sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior y considerando que el pretendido beneficiario no era imponente a la fecha de ocurrir el siniestro, requisito ser imponente- que se desprende del artículo 3 de la Ley Orgánica de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante, que también aplican a la obtención del desahucio reclamado, los jueces del grado rechazaron la demanda intentada en estos autos.

Cuarto: Que, por consiguiente, dilucidar la controversia central pasa por determinar el verdadero sentido y alcance de la expresión imponente que se utiliza en la Ley Nº 6.037, Orgánica de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante, cuyo texto refundido fue fijado por el Decreto Nº 606, de 2 de junio de 1944, para los efectos de otorgar o reconocer los beneficios que en ella se regulan.

Quinto: Que, como premisa inicial, ha de anotarse que el artículo 1º de la Ley Nº 6.037, en su texto refundido, creó la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, confiriéndole como objetivo asegurar a sus afiliados contra los riesgos de enfermedad, invali dez, vejez y muerte. Nótese que dicha disposición utiliza la expresión afiliado, es decir, se refiere al efecto de la acción de afiliar, cuyo alcance se examinará más adelante. Además, entre las funciones que se le asignan está la de constituir un fondo para atender al pago de los beneficios que se otorgan por ella y prevé la formación de ese fondo común con los descuentos, erogaciones, donaciones y asignaciones que regula el artículo 4º. Asimismo, indica las personas que están comprendidas en sus normas en el artículo 3º.

Sexto: Que, como se dijo, los beneficiarios de la Ley son los afiliados a la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional. Tampoco se ha definido por la ley a los afiliados, pero recurriendo a la normativa vigente, es dable indicar que el artículo 2º del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, que establece un nuevo sistema de pensiones, prescribe La afiliación es la relación jurídica entre un trabajador y el Sistema de Pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, que origina los derechos y obligaciones que la ley establece, en especial el derecho a las prestaciones y la obligación de cotización..

Séptimo: Que, para una mejor comprensión del tema, se hace necesario aclarar que en el sistema antiguo, regulado actualmente por el Decreto Ley N 3.501, de 1980, no existe una afiliación general, porque cada régimen previsional diferenciado estaba a cargo exclusivo de una determinada institución, en razón de desempeñarse como trabajadores dependientes en cierta actividad, condición que, por ende, es la que confiere la calidad de afiliado. Y se es tal en relación con una determinada institución, no vinculado a un sistema de pensiones, como ocurre en la actualidad.

Octavo: Que, en consecuencia, conforme a esa noción legal de afiliación, queda claro que ser afiliado significa tener la obligación de cotizar y derecho a las prestaciones pertinentes. Y cotizar es, ciertamente, pagar una cuota, en el presente caso, el descuento del 10% a que se refiere el artículo 4º letra a) de la Ley Nº 6.037.

Noveno: Que la expresión que se ha cuestionado en el recurso, esto es, imponente, aparece mencionada por primera vez sólo en el artículo 4º de la Ley citada, el que en su letra c ), a propósito de la formación del fondo común, establece que el mismo se constituye, entre otros, con la mitad del primer sueldo o emolumentos que perciban las personas que ingresen a la administración de la Caja o que empiecen como imponentes o que se reincorporen a ella. Luego, la repite en la letra d) en relación con las rebajas de remuneración de los imponentes.

Décimo: Que, por otro lado, el artículo 19 de la Ley Nº 6.037, regulando el cálculo de los beneficios que entrega a sus afiliados, establece como base el término medio de los sueldos, sobresueldos y demás emolumentos sobre los cuales se hubieren hecho imposiciones a la Caja durante los últimos tres años. Esta disposición alude a los descuentos a que ya se ha hecho referencia, es decir, a las cotizaciones realizadas por el afiliado, de modo que, la voz imponente ha de entenderse referida al afiliado que paga las cuotas exigidas por el respectivo sistema y que, en consecuencia, tiene derecho a los beneficios que tal sistema le acuerda.

Undécimo: Que, en esta línea de deducciones y conforme a los hechos asentados en el fallo de que se trata, resulta que el beneficiario tenía la calidad de afiliado a la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, es decir, existía una relación jurídica entre él y la Caja, la que hizo nacer derechos y obligaciones. Entre estas últimas está la de cotizar, la que el beneficiario cumplió durante 16 años y 7 meses y, entre aquéllos, el derecho a pensión, que no ha sido discutido en estos autos. En consecuencia, era también imponente, en la medida en que pagó las cotizaciones exigidas por la ley, incluso por mayor tiempo a los mínimos establecidos en ella. A ello cabe agregar que tampoco se produjo la desafiliación del beneficiario en relación con la Caja, de manera que necesariamente debe considerársele imponente. En otros términos, la calidad de afiliado de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, emana de la circunstancia de estar incluido en el artículo 3 de la Ley N 6.037 y, a su vez, la condición de imponente del trabajador se origina en la obligación de realizar las cotizaciones respectivas, lo que, en la especie, ocurrió en relación con el beneficiario causante de los derechos reclamados por su viuda, como se dijo.

Duodécimo: Que, además, no existe norma alguna en la Ley Nº 6.037 que imponga la obligación de hacer valer los derechos por parte de los afiliados imponentes dentro de cierto plazo, como ocurre en otras leyes, entre ellas la Ley Nº 10.475, sobre Jubilación y Pensiones de los Empleados Particulares, o la Ley Nº 10.662, relativa a los Tripulantes y Operarios Marítimos, o el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.340 bis, de 1930, sobre Organización y Funciones de la Caja de Empleados Públicos. Así por lo demás lo reconoce el demandado en la contestación de la demanda. En la especie, el afiliado no ejerció sus derechos en orden a percibir pensión de jubilación, pero no estaba obligado a hacerlo dentro de un plazo y tenía la calidad de imponente a la época de ocurrir el siniestro, en la medida que cumplía con los requisitos para considerarlo como tal, es decir, no se había desafiliado del régimen y había realizado las cotizaciones pertinentes.

Decimotercero: Que junto a los anteriores raciocinios, es útil mencionar adicionalmente el conocido principio de la conmutatividad, es decir, aquél conforme al cual debe existir reciprocidad en orden a contribuir, por una parte y otorgar el beneficio, por la otra y en ambos casos proporcionalmente.

Decimocuarto: Que, habiéndose concluido en este fallo que el beneficiario causante de los derechos a pensión de montepío y desahucio reclamados por la actora, tenía la calidad de afiliado imponente a la fecha de ocurrir el siniestro, procede ordenar se reconozcan a la viuda demandante, que cumple los requisitos pertinentes -los que por lo demás no han sido controvertidos- los referidos derechos y, al decidirse de manera contraria en la sentencia atacada, interpretando la exigencia de ser imponente en forma equivocada, se ha cometido error de derecho, vulnerando el artículo 3º de la Ley Nº 6.037, yerro denunciado en el presente recurso de casación en el fondo.

Decimoquinto: Que, además, el error sustantivo anotado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo en examen, desde que condujo a rechazar la demanda intentada por la actora, motivo por el cual la nulidad de fondo intentada por la demandante debe ser acogida.

Decimosexto: Que, por último y atento a lo decidido, resulta innecesario pronunciarse sobre los restantes errores de derecho denunciados p or el recurrente en la presentación que se examina.

Y en conformidad, además, con los artículos 764, 767, 772 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la demandante a fojas 143, en contra de la sentencia de cuatro de mayo de dos mil cuatro, que se lee a fojas 141, la que, en consecuencia, se invalida y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, separadamente.

Redacción a cargo del Ministro señor Urbano Marín V.

Regístrese.

N 2.111-04.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. y el Abogado Integrante señor Ricardo Peralta V.. No firma el señor Peralta, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo de la causa, por estar ausente. Santiago, 29 de noviembre de 2.005.

Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor Carlos A. Meneses Pizarro.

Sentencia de Reemplazo Corte Suprema

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil cinco.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y teniendo, además, presente:

Los fundamentos del fallo de casación que precede, los que para estos efectos se tienen por expresamente transcritos.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, se confirma la sentencia apelada de dieciocho de marzo de dos mil tres, escrita a fojas 91 y siguientes, sin costas del recurso.

Redacción a cargo del Ministro señor Urbano Marín V.

Regístrese y devuélvanse.

Nº 2.111-04.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. y el Abogado Integrante señor Ricardo Peralta V.. No firma el señor Peralta, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo de la causa, por estar ausente. Santiago, 29 de noviembre de 2.005.

Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor Carlos A. Meneses Pizarro.

14/9/05

Prescripción Extintiva. Despido Injustificado. Corte Suprema 14.09.2005


Sentencia Corte Suprema

Santiago, catorce de septiembre de dos mil cinco.

Vistos:

En autos, rol Nº 1.715, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en fallo de veintitrés de octubre de dos mil tres, escrito a fojas 53, se acogió la excepción de prescripción extintiva de la acción y, en consecuencia, se absolvió de los cargos formulados por el demandante en contra de su ex-empleador, declarándose, además, que cada parte pagará sus costas.

Se alzó el demandante y la Corte de Apelaciones de San Miguel, en fallo de veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, que se lee a fojas 68, la confirmó sin modificaciones.

En contra de esta última decisión, el actor dedujo recurso de casación en el fondo, por cuanto se habría dictado el mencionado fallo con errores de derecho, los que habrían influido en lo resolutivo del fallo y solicita su invalidación y la dictación de una sentencia de reemplazo por medio de la cual se acoja la demanda.

Se trajeron estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el demandante sustenta su recurso de casación en la infracción a los artículos 1.437 y siguientes del Código Civil y 480 del Código del Trabajo, argumentando que el legislador en esta materia distingue dos situaciones para establecer los plazos de prescripción extintiva de la acción, es así como fija dos años para los derechos que emanan y son regidos por el Código del Trabajo y seis meses para todas las acciones provenientes de actos y contratos.

Señala que la indemnización por años de servicios y la sustitutiva del aviso previo, se encuentran establecidas en la ley, de modo que son derechos que se generan una vez extinguida o terminada la relación laboral y su reconocimiento es un imperativo para el sentenciador, si concurr en los presupuestos previstos en la normativa legal para ello.

Expone que el Código del Trabajo en los artículos 162, 163 y 168 constituye una verdadera fuente de derechos y obligaciones correlativos, es decir, corresponden a verdaderas causas creadoras de beneficios y deberes, que están investidas de una fuerte inspiración de orden público y social.

Finalmente, afirma que el error de derecho consiste en haber aplicado el inciso segundo de la norma prevista en el artículo 480 del Estatuto Laboral a una situación no prevista en ella y, por ende, en dejar de solucionar el conflicto conforme a la regla de inciso primero del mismo precepto.

Agrega como los errores de derecho influyeron en lo resolutivo de la sentencia atacada, solicita su anulación y la dictación de fallo de reemplazo que acoja la acción intentada, declarando injustificado el despido de que fue objeto.

Segundo: Que son hechos establecidos en la sentencia impugnada, los siguientes: a) el despido del actor se produjo el 23 de febrero de 2.002 y la demanda se notificó a las partes el 5 de agosto de 2.003; b) el plazo de prescripción se interrumpió el 4 de marzo de 2.002, por la interposición del reclamo administrativo hasta el 2 de abril del mismo año;

Tercero: Que el asunto planteado en la especie, al tenor de lo referido precedentemente, consiste en establecer si la acción intentada, reclamación por despido injustificado, prescribe conforme al inciso primero o segundo del artículo 480 del Código del Trabajo.

Cuarto: Que en cuanto al quebrantamiento del artículo 480 del citado Código, es menester señalar que en materia de prescripción esta Corte ha resuelto reiteradamente que las prestaciones reclamadas por el actor, esto es, indemnizaciones por término de contrato de trabajo, constituyen un derecho que tienen su fuente en la ley. De esta manera ellas prescriben en el plazo de dos años contados de la fecha en que se hicieron exigibles, en la especie, desde el 23 de febrero de 2.002, lo que hace concluir que a la notificación de la demanda -5 de agosto de 2.003- el plazo exigido por el inciso primero del artículo 480 del Código del Trabajo, se encontraba aún pendiente, pues, como ya se dijo, los cobros demandados no nacen a la vida jurídica por el acuerdo de las partes, sino que es el legi slador quien los ha establecido en favor del trabajador.

Quinto: Que, por lo tanto, el plazo de prescripción de dos años de la acción que reclama las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo y por años de servicios, ésta última con su respetivo incremento, contado desde que se hizo exigible, en el caso, desde el despido, no había operado en la especie. Por consiguiente, se ha producido la infracción de ley denunciada, desde que la sentencia de que se trata aplicó un plazo de prescripción de seis meses a la citada acción, de suerte que procede su invalidación, ya que el defecto anotado influyó sustancialmente en lo dispositivo al determinar el rechazo de la demanda intentada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 del Código del Trabajo y 764, 766, 767, 771 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo, sin costas, deducido por el demandante a fojas 69, contra la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil cuatro, que se lee a fojas 68, la que, en consecuencia, se invalida y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, separadamente.

Regístrese.

Nº 1.561-04.-

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H. y Urbano Marín V. y el Abogado Integrante señor Juan Infante PH.. No firma el señor Álvarez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo de la causa, por estar con licencia médica. Santiago, 14 de septiembre de 2005.

Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor Carlos A. Meneses Pizarro.

Sentencia de Reemplazo Corte Suprema

Santiago, catorce de septiembre de dos mil cinco.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con las siguientes modificaciones: a) en el motivo 4º se elimina desde la parte que comienza con En consecuencia hasta el punto aparte del mismo fundamento; b) se elimina el razonamiento 5º; c) en las citas legales se agrega el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo.

Y se tiene, además, presente:

Primero: Los fundamentos del fallo de casación que precede, los que para estos efectos se entienden expresamente reproducidos con sus respectivas citas legales.

Segundo: Que la existencia de relación laboral entre las partes, así como sus fechas de inició y término no se encuentran controvertidas en autos, de manera que se tendrá por establecido que el demandante se desempeñó para la demandada desde el 5 de septiembre de 2.000 hasta el 23 de febrero de 2.002, en calidad de repa rtidor, siendo despedido por la causal de caducidad del artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo, al no acatar las instrucciones y procedimientos que se le impartieron, hecho que afectó, a juicio del empleador, la imagen y servicio de la empresa.

Tercero: Que correspondía a la demandada acreditar la justificación de la causal esgrimida para lo cual rindió prueba testimonial con la declaración de dos testigos, quienes desconocen los hechos sobre los que declaran, pues ambos afirman que el actor fue despedido por su empleador en el mes de abril de 2.002, agregando Juan Lucero Rojas que él hizo averiguaciones sobre lo sucedido el 18 de febrero del año citado, por dos meses aproximadamente, estableciendo que el actor era responsable del despacho de los furgones de acercamiento, lo que motivó su despido.

Cuarto: Que no existen en la causa otros elementos de juicio que corroboren las afirmaciones de la empresa empleadora y, por el contrario, con el mérito de las declaraciones de los testigos presentados por el demandante, forzoso es concluir que el despido que afectó al actor es indebido, pues no se encuentra probada en autos la justificación de la causal invocada por la demandada para finalizar la relación laboral que los unía.

Quinto: Que, en estas condiciones, corresponde acoger la demanda intentada y condenar a la demandada a pagar las indemnizaciones cobradas, considerando para tal efecto la remuneración no controvertida por la demandada, ascendente a la suma de $210.077.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, se revoca la sentencia apelada de veintitrés de octubre de dos mil tres, escrita a fojas 53 y siguientes, sin costas del recurso y, se decide en su lugar, que se acoge la demanda debiendo la parte vencida pagar al actor:

I- $210.077 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo;

II- $210.077 a título de indemnización por años de servició, más el incremento del 80 %.

III- las sumas señaladas lo serán con los reajustes e intereses legales.

IV- la demandada pagará las costas de la causa.

Regístrese y devuélvase.

Nº 1. 561-04.-

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H. y Urbano Marín V. y el Abogado Integrante señor Juan Infante PH.. No firma el señor Álvarez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo de la causa, por estar con licencia médica. Santiago, 14 de septiembre de 2005.

Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor Carlos A. Meneses Pizarro

22/12/04

Despido Injustificado. Corte Suprema 22.12.2004


Sentencia Corte Suprema

Santiago, veintidós de diciembre de dos mil cuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en conformidad a lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo, deducidos por el demandado a fojas 165.

En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por el demandado a fojas 165:

Segundo: Que el demandado deduce recurso de casación en la forma en contra de la sentencia de veinte de mayo del año en curso, escrita a fojas 160 y siguientes, fundado, en primer lugar, en la causal contemplada en el Nº 4 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en haber sido la sentencia pronunciada extra petita, o bien, extendiéndola a puntos no sometidos a la decisión. Este vicio se hace consistir en la circunstancia de que el fallo se habría excedido, al pronunciarse acerca de un punto que no fue, a juicio del recurrente, materia del recurso de apelación correspondiente y señala que en ningún caso se solicitó la declaración de injustificación del despido, ni siquier a en la demanda, de manera que los sentenciadores de la instancia incurrieron en el vicio denunciado al declarar injustificado el despido.

Tercero: Que, al respecto, cabe precisar que el fallo recurrido no ha cometido el vicio denunciado, desde que la controversia en autos versó acerca de una petición de nulidad del despido fundado en la falta de pago de las cotizaciones, así como del pago de las indemnizaciones propias de un despido injustificado, según se desprende de la lectura del libelo de la demanda (fojas 10) en donde luego de solicitar la nulidad del despido, en el punto séptimo, el demandante indica que, En consecuencia, mi ex -empleadora por este despido totalmente injustificado, arbitrario, me ha quedado debiendo los siguientes emolumentos, para a continuación solicitar, entre otras, la indemnización por años de servicios y sustitutiva del aviso previo, lo propio se puede observar respecto del recurso de apelación deducido por el actor (fojas 140 y siguientes) el que en la letra c) su parte petitoria, solicito Que la demandada debe pagar al señor Ortiz, las cantidades señaladas en la parte petitoria de la demanda en cumplimiento a la Ley laboral, refiriéndose a las indemnizaciones previamente indicadas, de manera que los argumentos esgrimidos por el recurrente no son constitutivos de la causal de nulidad formal invocada.

Cuarto: Que, en segundo lugar, el recurrente expresa que el fallo atacado incurre en el vicio de nulidad formal previsto en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 Nº 5 del mismo Código y con el artículo 458 Nº 5 del Código del Trabajo y Nº s. 5, 6, 7 y 8 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias de 1.920, esto es, la falta de consideraciones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento a la sentencia para dar por establecido que el actor fue despedido por la demandada Davis Autos S.A., no obstante que la carta aviso de despido emanó de una empresa diferente.

Quinto: Que de la revisión del fallo de segundo grado se puede constatar que los sentenciadores del grado expresaron las consideraciones de hecho y de derecho en las cuales se fundamentaron para decidir como lo hicieron, de manera que los argumentos vertidos por el recurrente no son constitutivos de la causal invoca da.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, debe precisarse que el inciso final del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil prescribe que el recurso deberá ser patrocinado por abogado habilitado, que no sea procurador del número, circunstancia que obliga a efectuar la designación de patrocinante, requisito al que no se dio cumplimiento en la presentación en examen, desde que en estos autos la parte demandada dedujo sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, limitándose el abogado que lo presenta a señalar que patrocina éste recurso de casación en el fondo, de manera que el recurso de casación en la forma carece específicamente de patrocinio de abogado habilitado que exige la ley, por lo que deberá declararse inadmisible por no cumplir con los requisitos de la norma citada.

Séptimo: Que lo razonado resulta suficiente para declarar inadmisible el recurso en examen en esta etapa de tramitación, por cuanto los argumentos esgrimidos por el recurrente no constituyen las causales de nulidad formal denunciadas y, además, por carecer de patrocinio de abogado habilitado.

En cuanto al recurso de casación en el fondo deducido por el demandado a fojas 165:

Octavo: Que el recurrente denuncia el quebrantamiento de los artículos 3, 4 inciso 2º, 7 y 10 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que el fallo impugnado vulneró claramente las disposiciones legales referidas, pues, en su concepto, era imposible concluir jurídicamente que existía continuidad entre la empresa Davis Autos S.A.C. y Davis Autos S.A..

Expresa que el artículo 4º del Código del Trabajo no autoriza al tribunal para entender como modificación al dominio, posesión o mera tenencia de una empresa, la creación de una nueva razón social, en circunstancias que la anterior empresa ha continuado su existencia jurídica, no sólo estatutariamente sino que incluso ha sido objeto de un convenio judicial preventivo, sin que exista modificación en el dominio, posesión o mera tenencia.

Añade que la subsistencia jurídica de dos empresas no puede, en su concepto, significar continuidad laboral entre ellas, por lo que se infringen las normas citadas al establecer que el empleador del demandante de autos es una persona distinta de quien suscribió el contrato de trabajo y de quien pagó las r emuneraciones, además de las cotizaciones previsionales.

Noveno: Que, al respecto, cabe señalar que, el artículo 4º del Código del Trabajo es claro al señalar que Para los efectos previstos en este Código, ....

...Las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alteraran los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos..., que mantendrán su vigencia y continuidad con el o los nuevos empleadores. y, en este caso, se ha establecido como un hecho de la causa que el actor siempre trabajó para la empresa denominada Davis Autos, desempeñándose continuamente, o al menos durante muchos años y hasta la fecha de su despido, en el local de calle Maipú Nº 214, funcionando en el mismo local la Sociedad Davis Autos S.A., hecho que no fue controvertido por la demandada y que sumado al resto de los antecedentes detallados en el fallo de segundo grado, corrobora que el trabajador se desempeñó siempre en un mismo lugar, realizando similares labores, independientemente del nombre o de la organización o configuración jurídica de su empleador, todo ello en razón del principio de la primacía de la realidad, de manera que debe reconocerse que no se han cometido las infracciones de derecho denunciadas.

Décimo: Que lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en análisis adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que conduce a su rechazo en esta sede.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, se declara inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el de fondo, deducidos por el demandado a fojas 165, contra la sentencia de veinte de mayo del año en curso, que se lee a fojas 160 y siguientes.

Regístrese y devuélvase.

Nº 2.553-04.-

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. y los Abogados Integrantes señores Juan Infante Ph. y Roberto Jacob Ch.. Santiago, 22 de diciembre de 2004.

Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor Carlos A. Meneses Pizarro.

15/9/04

Despido Injustificado. Corte Suprema 15.09.2004


Sentencia Corte Suprema

Santiago, quince de septiembre de dos mil cuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido por el demandado a fojas 70.

Segundo: Que el recurrente denuncia la infracción del artículo 159 Nº 5 del Código del Trabajo, sosteniendo, en síntesis, que la sentencia impugnada incurre en un error de derecho al no haber declarado justificada la invocación de la causal de despido esgrimida por el demandado, en la especie, la del artículo 159 Nº 5 del Código del ramo, puesto que, a su juicio, se acreditó en el proceso que se produjo la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato de trabajo del actor, basado en el término del giro del negocio del empleador, lo cual habría sido debidamente comunicado tanto al demandante como a la Inspección del Trabajo.

Tercero: Que en la sentencia impugnada se establecieron como hechos, en lo pertinente: a) que el actor se desempañó para el demandado como acomodador del cine Romano en la ciudad de Concepción desde el 2 de noviembre de 1.981 hasta el 10 de julio de 2.003, fecha ésta última en que fue despedido por su empleador, por la causal del artículo 159 Nº 5 del E statuto Laboral, esto es, la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, en razón de haber terminado el servicio que dio origen a las labores del trabajador, puesto que a partir de dicha fecha cerró sus puertas el cine Romano, poniéndose término al giro comercial y tributario del demandado, b) que se acreditó que el contrato de trabajo del actor era de duración indefinida.

Cuarto: Que sobre la base de los hechos reseñados precedentemente, los sentenciadores del grado concluyeron que el despido era injustificado, por cuanto el actor no había sido contratado para un servicio determinado, siendo su contrato de carácter indefinido y, por otra parte, no se había acreditado que se hubiere puesto término al giro comercial y tributario de la empresa, motivos por los cuales decidieron acoger la demanda.

Quinto: Que tratándose de un contrato de trabajo de carácter indefinido, como ocurre, en la especie con el contrato de trabajo del actor, resulta improcedente invocar como fundamento para poner término a la relación laboral, la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, prevista en el Nº 5 del artículo 159 del Código del Trabajo, puesto que el trabajador se desempeñó para su empleador por más de 20 años, desempeñando las mismas labores, motivo por el cual no es posible, sostener que fue contratado para una labor específica que llegó a su fin.

Sexto: Que, por lo demás, no se acreditó en el proceso que efectivamente el Cine en el cual desempeñaba sus labores el actor cerró sus puertas definitivamente, ni que el empresario demandado pusiera término a su giro comercial y tributario, de lo cual se desprende la improcedencia en la invocación de la causal de despido esgrimida para dar por concluida la relación laboral.

Séptimo: Que lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado, adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de tramitación.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el demandado a fojas 70, contra la sentencia de veintiocho de abril del año en curso, que se lee a fojas 68.

Reg edstrese y devuélvase con sus agregados.

Nº 2.116-04.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. y los Abogados Integrantes señores Juan Infante Ph. y Ricardo Peralta V.. Santiago, 15 de septiembre de 2004.

Autoriza el Secretario de la Corte Suprema, señor Carlos A. Meneses Pizarro.

15/4/04

Abandono de Procedimiento en Materia Laboral


Sentencia Corte Suprema

Santiago, quince de abril de dos mil cuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta del recurso de casación en el fondo deducido a fojas 39.

Segundo: Que el recurrente denuncia la infracción del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo, en síntesis, que la sentencia impugnada ha contravenido la norma citada al declarar que el procedimiento de autos se encuentra abandonado, en circunstancias que si se hubiera aplicado correctamente ese precepto, debería haber rechazado el incidente, en atención a que la parte demandante, efectuó, a su juicio, una gestión útil que consistió en haberse notificado del auto de prueba con lo que se abrió un término especial de tres días para presentar la lista de testigos, lo cual no fue considerado por el sentenciador de la instancia.

Tercero: Que en la sentencia recurrida, se establecieron como hechos los relativos a que la fecha de la última resolución recaída en gestión útil para dar curso progresivo a los autos fue con fecha 11 de noviembre de 2002 y, que se requirió nuevo día y hora para la celebración del comparendo de conciliación y prueba el 27 de mayo de 2003 y que transcurrieron más de seis meses entre la fecha de la última resolución recaída en diligencia útil y la solicitud de abandono de procedimiento de que se trata.

Cuarto: Que, al tenor de lo expuesto, resulta evidente que el demandante impugna los presupuestos de hecho asentados en el fallo e insta por su alteración, desde que alega que la gestión realizada por su parte tuvo el carácter de útil, desconociendo que el establecimiento de tales conclusiones es de competencia exclusiva de los jueces del grado y no admite, en general, revisión por medio del recurso de casación en el fondo, a menos que se denuncie infracción a las leyes reguladoras de la prueba, lo que el recurrente no hizo, de manera que este Tribunal queda impedido de revisar lo resuelto en ese plano.

Quinto: Que lo razonado resulta suficiente para concluir que el recurso en examen adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que determina su rechazo en esta etapa de tramitación.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, se rechaza el recurso de casación en el fondo deducido por el demandante a fojas 39, contra la sentencia de veintinueve de enero del año en curso, que se lee a fojas 38.

Se representa al señor Secretario de la Corte de Apelaciones de Temuco el incumplimiento en la sentencia de fojas 38 de las obligaciones que le impone el artículo 89 del Código Orgánico de Tribunales y el numerando 16 del Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre la Forma de las Sentencias de fecha treinta de septiembre de mil novecientos veinte.

Regístrese y devuélvase.

Nº 778-04.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores José Benquis C., José Luis Pérez Z., Orlando Álvarez H., Urbano Marín V. y Jorge Medina C. Santiago, 15 de Abril de 2004.

Autoriza el secretario de la Corte Suprema, señor Carlos Meneses Pizarro.

22/5/03

Prescripción Adquisitiva. Citación de Evicción. Corte Suprema 22.05.2003


Sentencia Corte Suprema

Santiago, veintidós de mayo de dos mil tres.

En estos autos rol Nº 8.229, del Cuarto Juzgado Civil de Talca, caratulados Estrada Medina Belfor con Transportadora Río Cisnes Limitada, sobre juicio ordinario de acción reivindicatoria, con demandas reconvencionales de declaración de prescripción ordinaria, y en subsidio extraordinaria, y cuyas partes son, como demandante don Belfor Estrada Medina; y como demandado la Sociedad Transportadora Río Cisnes Ltda., actualmente Agrícola Río Cisnes Ltda., quien pasó a actuar en calidad de tercero coadyuvante, y los citados de evicción Sr. Abraham Ducase y otros, quienes asumieron la calidad de demandados, el juez titular de dicho tribunal, por sentencia de dos de marzo de dos mil, acogió la demanda interpuesta en los términos solicitados, considerándose el demandado poseedor de buena fe para los efectos de las restituciones mutuas y rechazó las demandas reconvencionales. Apelada esta resolución por el demandante en esta última parte, y por el tercero coadyuvante y los citados de evicción, una Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, por sentencia de siete de diciembre de dos mil uno, revocó la sentencia en la parte que acogió la demanda y en su lugar declaró que no se hace lugar a dicho libelo, por serle inoponible a la parte demandada la sentencia definitiva en que se fundamenta la pretensión de reivindicación, y la confirmó en lo demás.

En contra de esta sentencia las partes interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

COSIDERANDO:

RESPECTO DE LOS RECURSOS DEDUCIDOS POR LA PARTE DE DON BELFOR ESTRADA MEDINA, DEMANDANTE DE AUTOS:

DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:

1º La recurrente estima que el fallo que se revisa adolece de los siguientes vicios de casa ción formal:

a.- El contemplado en el artículo 768 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es en haber sido dada ultra petita, otorgando más de lo pedido por las partes o extendiéndolo a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, pues el fallo de segunda instancia acoge una supuesta excepción de inoponibilidad que habría interpuesto la parte demandada, no reflejándose tal circunstancia en los escritos de contestación y demanda reconvencional. Luego, resulta equivocada la afirmación hecha por el Tribunal en ese sentido, y por otra parte, el sentenciador de segundo grado fundó su decisión de acoger esa supuesta excepción de inoponibilidad en argumentos no expuestos por los litigantes o en situaciones de hecho que no se discutieron en este proceso;

b.- Se incurre, además, en el vicio contemplado en el artículo 768 Nº 7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, contener el fallo que se revisa decisiones contradictorias, puesto que formula la misma sentencia dos consideraciones jurídicas distintas respecto de una misma situación, en relación a la calidad de los citados de evicción y la de su abogado; y por otra parte se configura esta causal, al revocar el fallo en su totalidad y a la vez confirmarlo;

2º Que, para resolver éste y los demás recursos de las partes es bueno tener presente los siguientes hechos establecidos por los jueces del fondo en sus respectivas sentencias:

a.- Que doña Ernestina Acuña Lazo fue dueña de un retazo de terreno ubicado en la entonces subdelegación de Río Claro;

b.- Que por escritura de 30 de agosto de 1972 la mencionada Acuña Lazo vendió a don Eduardo Omar Estrada un retazo de terreno de siete cuadras de superficie que formaba parte del predio antes referido, y que se inscribió a fs. 1.098 Nº 1.105 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca con fecha 18 de octubre de 1972;

c.- Que por escrituras públicas de 3 y 9 de agosto de 1973, respectivamente, inscritas en el mismo Conservador, don Guillermo Donoso Vera y doña Carmen Rosa Javiera Olave Radrigán cedieron sus derechos hereditarios en la herencia de doña Ernestina Acuña Lazo al demandante de autos don Belfor Estrada Medina;

d.- Que por escritura de 10 de febrero de 1976, don Eduardo Omar Estrada y su cónyuge doña Laura Gonzál ez Sepúlveda se separaron de bienes y liquidaron la sociedad conyugal que había entre ellos, adjudicándose doña Laura González Sepúlveda el predio adquirido por su cónyuge, lo que se inscribió en el Registro y Conservador citado a fs. 146 Nº 163 del año 1976;

e.- Que la propiedad adjudicada a doña Laura González Sepúlveda fue objeto de sucesivas ventas hasta llegar al dominio de los señores Francisco Ducasse Espinoza y demás citados de evicción en estos autos, y de la demandada;

f.- Que la compraventa señalada en la letra b) de este considerando, efectuada a don Eduardo Omar Estrada, fue declarada nula en juicio con don Belfor Estrada Medina, litigio en el cual se notificó al demandado con posterioridad a la inscripción de la adjudicación señalada en la letra d) del presente considerando, y sin que la adjudicataria fuera parte en dicho juicio, ordenándose cancelar la inscripción de dicha compraventa, que ya estaba cancelada por la referida adjudicación, y

g.- Que en la compraventa declarada nula se dijo que se vendían siete cuadras, y sin embargo el Conservador de Bienes Raíces de Talca procedió a inscribir el predio total, que en definitiva se afirma que tiene 142 hectáreas.

3º Que, respecto de la primera causal de casación en la forma planteada por el recurrente, no existe el vicio de ultra petita que se invoca, por cuanto tanto en la contestación de la demanda como en la apelación de los citados de evicción se invocó la mencionada inoponibilidad en el sentido que la demanda de nulidad dirigida por el demandante en contra de Eduardo Omar Estrada le fue notificada a éste después de la adjudicación a doña Laura González Sepúlveda a que se ha hecho referencia, razón por la cual dicha sentencia, por mucho que haya acogido la petición de nulidad, no puede afectarle en su adquisición del predio ni tampoco a sus sucesores y esa es la inoponibilidad a que se refiere la contestación de la demanda, la apelación y la sentencia de autos, por lo cual resulta improcedente sostener que haya habido ultra petita, ya que la sentencia impugnada no se apartó de lo invocado por las partes en la litis;

4º Que, en cuanto a la pretendida infracción en orden a que el fallo contenga dediciones contradictorias, tampoco puede prosperar por cuanto, respecto de la primera, es obvio que la sentencia, al referirse al abogado señor Antonio Recabarren Escudero, no lo considera como parte en el juicio, sino que ha dejado claramente establecido que actúa en representación de los citados de evicción, rechazando la sentencia impugnada la alegación del demandante en orden a que no tendría dicha representación, al dejar establecido dicha sentencia que sí la tiene, lo que es efectivo al tenor de lo dispuesto en los artículos 7º del Código de Procedimiento Civil, y 2º de la Ley Nº 18.120;

5º Que en cuanto se señala que también habrían decisiones contradictorias porque la sentencia impugnada, al mismo tiempo, revoca la de primera instancia y rechaza la demanda, para luego decir que se la confirma en lo demás, contradicción que consistiría en que nada se mantendría de la anterior, ello no es así porque es evidente que sí hay una parte que se conserva como es, desde luego, el rechazo de las demandas reconvencionales del citado de evicción y de la demandada;

6º Que, en consecuencia el recurso de casación en la forma de la parte demandante será rechazado.

DEL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO:

7º Que el actor al fundar su recurso estima que la sentencia que por este acto impugna adolece de sendos errores de derecho, que implican infracciones de ley, que se han traducido en una errónea interpretación que hace de las normas aplicables al caso, como también de una contravención formal de la ley, en el sentido que se ha dispuesto algo contrario a lo expresamente establecido en ella, indicando que las normas infringidas serían las siguientes:

a.- Los artículos 1561 y 2131 del Código Civil, en relación al artículo 342 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1700 del Código Civil: puesto que el sentenciador rechaza la incidencia planteada por el actor, y que fue acogida por el fallo de primera instancia, referente a que el mandatario judicial, a través del cual comparecieron los citados de evicción, no tenía facultades para representarlos, haciendo una interpretación incorrecta de lo alegado por las partes, puesto que tratándose de un mandato judicial especial infringe abiertamente lo dispuesto en los artículos 1561 y 2131 del Código Civil, dado que pretende que el mandatario tenga más facultades que las que los propios mandantes le han c onferido, desconociendo además el mérito probatorio y contenido del instrumento público acompañado por los propios citados de evicción;

b.- El artículo 1689 del Código Civil, toda vez que desconoce la facultad del actor para perseguir y obtener la devolución del inmueble de su propiedad que se encuentra en manos de terceras personas, y

c.- Los artículos 889 del Código Civil y 342 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1700 del Código Civil, y artículos 384 Nº 2 y 399 del de Procedimiento Civil, puesto que el predio cuya reivindicación se persigue se encuentra claramente singularizado, y sin perjuicio de ello el fallo de segunda instancia estima que no lo está, contraviniendo expresamente el mérito de autos y lo dispuesto en el artículo 889 antes citado, desconociendo los instrumentos públicos acompañados por el actor, las declaraciones de los testigos que depusieron en autos, y la confesión realizada por el tercero coadyuvante en su presentación de fojas 554, al señalar que el predio de que está en posesión corresponde al mismo cuya restitución se solicita en autos;

8º Que respecto de la primera causal de casación en el fondo que se invoca, ella debe rechazarse por las razones señaladas en el considerando 4º de esta sentencia y además porque no es efectivo que se vulneren los arts. 1.561 y 2.131 del Código Civil en relación al art. 342 del Código de Procedimiento Civil y 1.700 de aquel Código. El art. 1.561 se refiere a la interpretación del contrato, que corresponde a los jueces del fondo, y ella no puede ser modificada por esta Corte, porque las normas invocadas como infracción a las leyes reguladoras de la prueba instrumental, no han sido vulneradas por cuanto lo que hizo el tribunal de alzada fue determinar lo que el respectivo instrumento decía, lo que le pertenece soberanamente, y que además esta Corte comparte por las razones ya indicadas. En cuanto al art. 2.131 del Código Civil tampoco está infringido, dado que si el abogado mandatario tiene la facultad en la forma antes señalada de concurrir en representación de sus mandantes que han sido citados de evicción, es obvio que al hacerlo cumple rigurosamente los términos del poder que se le da de acuerdo con la interpretación de éste, efectuada soberanamente por la sentencia refer ida;

9º Que, en cuanto a la infracción del art. 1.689 del Código Civil ella se hace descansar en un supuesto desconocimiento del efecto que produce la nulidad judicialmente declarada al otorgar acción reivindicatoria contra terceros poseedores, pero el precepto agrega de inmediato sin perjuicio de las excepciones legales lo cual indica que no basta que se declare la nulidad de una compraventa y su correspondiente inscripción para que prospere necesariamente una demanda reivindicatoria, si, por las razones que se darán más adelante, ella no es procedente, y sobre todo si había operado, como se verá al referirse a los demás recursos de casación, la prescripción extintiva de dicha acción reivindicatoria;

10º Que, igualmente, el recurso de casación en el fondo de la parte demandante en cuanto se refiere a la singularización del predio, deberá ser también examinado conjuntamente con los recursos deducidos por sus contrapartes, y será rechazado por las razones que allí se exponen, por cuanto aún de ser efectivos, no influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo ya que la demanda fue rechazada por otras razones, y especialmente por la inoponibilidad señalada. Por lo demás, la declaración sobre la singularización del predio del fallo recurrido se basa en que los deslindes señalados en su reivindicación se refieren al predio completo de 142 hectáreas sin precisar a que parte del mismo corresponden las siete cuadras que son objeto de su pretensión.

11º Que, por lo dicho, el recurso de casación en el fondo de la demandante también será rechazado.

DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR LOS CITADOS DE EVICCIÓN Y POR LA SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CISNES LIMITADA:

DE LOS RECURSO DE CASACION EN LA FORMA:

12º La sentencia que se impugna, estima la recurrente citada de evicción, ha incurrido en los siguientes vicios de casación en la forma:

a.- En el establecido en el artículo 768 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 170 Nº 6 del mismo Código, esto es falta de decisión del asunto controvertido, que se produce respecto de las siguientes alegaciones hechas por las partes: 1.- de la excepción de prescripción extintiva hecha valer por su parte en segunda instancia, la que sin p erjuicio de haberle dado tramitación legal y referirse a ella someramente en el fallo recurrido, no la resolvió por estimar innecesario hacerlo al declarar la inoponibilidad, impidiendo de esta manera obtener la necesaria certeza jurídica que de todo fallo debe emanar respecto a un derecho controvertido; y 2.- de la excepción de prescripción extintiva hecha valer por el tercero coadyuvante y primitivo demandado, y asimismo respecto de las acciones de prescripción adquisitiva deducidas reconvencionalmente por la sociedad Transportadora Río Cisnes Ltda. como por lo citados de evicción, haciendo prevalecer una cuestión de orden procedimiental, omitiendo pronunciamiento respecto de las materias señaladas;

b.- La causal del artículo 768 Nº 5 en relación con el artículo 170 Nº 4 ambos del Código de Procedimiento Civil, esto es la falta de consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, lo que se ha traducido en que el fallo impugnado no contiene consideraciones de hecho congruentes con la controversia, razona erradamente respecto de aquellas alegaciones formuladas por las partes, esto es resolver sobre la acción reivindicatoria por una parte y sobre las excepciones de prescripción extintiva y acciones de prescripción adquisitiva por la otra; además, no hace consideraciones o son incongruentes las realizadas en relación a la falta de cumplimiento de uno de los requisitos de la acción reivindicatoria, cual es la singularización completa del bien cuya reivindicación se demanda; finalmente, omite analizar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales de la prescripción extintiva y de la adquisitiva, tanto ordinaria como extraordinaria;

13º Por su parte la Sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada estima que la sentencia impugnada infringe lo dispuesto en el artículo 170 Nº 6 del Código de Procedimiento Civil, puesto que omite decidir respecto de la prescripción adquisitiva alegada por su parte y los citados de evicción en sus respectivas demandas reconvencionales;

14º Que, respecto de ambas causales de casación, si bien es cierto que la sentencia de primera instancia, en su considerando 35º, se refería a la prescripción, el mismo fue eliminado en la de segunda, la que en su lugar consideró que lo ya dicho era suficiente para desentenderse de los de la s demás excepciones y de la pretensión reconvencional del actor (sic) (considerando 16º de la sentencia de segunda instancia) ; sin embargo de lo cual en los considerandos siguientes se refiere a la prescripción extintiva de la reconvención tanto del citado de evicción como de la demandada, en que se pidió se declarara la prescripción adquisitiva a favor de la actual poseedora, demandada en estos autos, para concluir el fallo, en su considerando 19º, en una frase realmente que resulta ininteligible, a saber: Que la cuestión de que se trata, formulada bajo esos términos, carece de fundamento; ello, por encontrarse pendiente la decisión sobre la situación jurídica en que se la sustenta; por lo cual, procede rechazarla.. Más delante en los considerandos 24º y 25º razona que no se pueden adquirir por prescripción las cosas indeterminadas para concluir en este último que: Que obsta a la estimación de la acción de prescripción adquisitiva, atendiendo sólo a la propia excepción de quien la ha promovido, relativa a que el bien objeto de la demanda no cumple con los requisitos de su determinación para los efectos de procedencia de la pretensión de reivindicación de su contraparte.;

15º Que todo ello lleva a la conclusión que el sentenciador de segunda instancia no ha incurrido en los vicios de casación en la forma que se le atribuyen, porque si bien sus consideraciones, como se dirá a continuación, resultan profundamente erróneas y contrarias a derecho, la sentencia no carece de ellas, y aunque es cierto que no se pronunció sobre la excepción de prescripción extintiva directamente como tal excepción, sí que lo hizo a propósito de la reconvención, porque al negar una posible prescripción adquisitiva al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.517 del Código Civil, está igualmente rechazando, aunque sin decirlo derechamente, la procedencia de la prescripción extintiva. Tampoco dejó de decidir el asunto controvertido por la misma razón que la llevó a rechazar el recurso de la parte demandante, dado que si bien la sentencia de segunda instancia revocó la de primera en cuanto ésta acogía la demanda principal, y en consecuencia la rechazó, confirmó aquella en todo lo demás, dentro de lo cual iba el rechazo de la reconvención, esto es, no acogió la procedencia de la prescripción adquisitiva, y por lo señalado, tampoco de la extintiva. Esta Corte no comparte los argumentos de este fallo, pero ello no puede llevar a concluir que haya falta de argumentaciones y de decisión del asunto controvertido;

16º Por todas estas razones se rechazarán también los recursos de casación en la forma deducidos por los citados de evicción y por la demandada sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada.

RESPECTO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN EL FONDO:

17º Que los citados de evicción estiman que la sentencia que se revisa incurre manifiestamente en el error de derecho consistente en haber prescindido o no haber reconocido que concurren en el caso de autos los requisitos legales para declarar tanto la prescripción extintiva de la acción reivindicatoria, como para acoger la acción de prescripción adquisitiva de dominio, prescindiendo de aplicar las disposiciones legales vigentes que reglan la institución de la prescripción tanto extintiva como adquisitiva, más aún cuando ha sido alegada, infringiéndose de esta forma lo dispuesto en los artículos 2514 y 2517 del Código Civil, normas que regulan la prescripción extintiva, y de aquellas que gobiernan la prescripción adquisitiva contenidas en los artículos 2498, 2500, 2506, 2507, 2508, 2510, 2511 y 2513 del mismo cuerpo legal;

18º Que, por su parte la sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada funda su recurso de casación en el fondo en que los jueces de la instancia han infringido lo dispuesto en los artículos 700, 701, 702, 703,706, 708 en relación con los artículos 2493, 2498, 2500, 2501, 2505, 2506, 2507 y 2508, todos del Código Civil, puesto que no se han pronunciado favorable ni negativamente sobre las excepciones de prescripción de la acción de reivindicación alegada, ni respecto de la falta de requisitos objetivos y necesarios para fundar la acción de reivindicación, tal como la indeterminación o falta de singularización del bien que se ha pretendido reivindicar, ni tampoco sobre la declaración de prescripción adquisitiva del dominio alegada por vía de acción reconvencional. En efecto, las normas que se han señalado como infringidas, en su correspondencia y según el mérito de autos, autorizaban plenamente para accionar por vía de reconvención, solicitan do la declaración de prescripción adquisitiva en su favor, la que no ha sido concedida y ni siquiera resuelta, no bastando ni pudiendo bastar al efecto la mera consideración efectuada por los jueces que sin invocar norma legal alguna, determinan por reflexión considerativa que la antedicha acción no podría acogerse por atribuir al bien de su parte, Fundo Santa Victoria, el carácter de indeterminado, circunstancia que se aparta de todo cuanto consta a este respecto en autos, infringiéndose, además, en esta parte las normas reguladoras de la prueba;

19º Que, en ambos recursos de casación en el fondo, en definitiva, el punto que ellos objetan es que por el tiempo transcurrido y el cumplimiento de los demás requisitos legales ha operado respecto del demandado la prescripción adquisitiva ordinaria, y en subsidio la extraordinaria, razón por la cual igualmente debió acogerse la excepción de prescripción extintiva;

20º Que, en esta parte adquiere toda su importancia la objeción que se hace a la sentencia recurrida en cuanto a las razones por las cuales rechaza tanto, aunque sin decirlo, la excepción de prescripción extintiva, como las demandas reconvencionales para que se declare la adquisitiva. La primera, porque como ya se dijo, el considerando 19º resulta incomprensible, y pareciera estarse remitiendo a las demandas reconvencionales que rechaza con el argumento de que no estando individualizado el predio del reivindicante, no puede acogerse las reconvenciones en contra de éste, argumento que debe desecharse , por cuanto lo que ha pedido la parte demandada en su reconvención es que el predio reivindicado y del cual se ha requerido que se declare la prescripción adquisitiva, es el mismo sobre el cual ha operado la reivindicación, y solicitándose, por la parte demandante la cancelación total de su inscripción, por lo que sean cuales sean los defectos que pudiera tener la individualización del predio de la demandante, ellos nada tienen que ver con el predio de la demandada que está perfectamente singularizado no sólo por la inscripción cuya cancelación total se pide en la demanda, sino también por sus deslindes y demás probanzas establecidas por los jueces del fondo;

21º Que, en consecuencia, cumpliéndose el requisito de la prescripción exigido por la sentencia de segunda instancia en orden que se t rate de cosa determinada, corresponde decidir si concurren los demás requisitos legales. Que, dado el tiempo transcurrido y lo dispuesto en los arts. 2.510 y 2.511 del Código Civil, resulta indudable que se ha cumplido con exceso el plazo máximo de diez años de la prescripción extraordinaria, ya que la actual poseedora puede sumar las anteriores posesiones inscritas de sus antecesores en el dominio de acuerdo con lo dispuesto en el art. 717 del Código Civil hasta llegar a lo menos a las de los citados de evicción, inscripciones todas que están a salvo del vicio original de la errónea inscripción efectuada por el Conservador de Bienes Raíces y sin que la nulidad de la inscripción del total del predio, en vez de la parte enajenada, afecte por lo señalado a aquellas.

22º Que en atención a lo antes señalado, se acogerán los recursos de casación en el fondo deducidos por los citados de evicción y la sociedad demandada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 764, 767, 768, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el abogado don Cristian Peralta Henriquez, en representación de la demandante, en lo principal y primer otrosí de fojas 700, y los recursos de casación en la forma interpuestos por el abogado don Guillermo Monsalve Mercadal, en representación de los citados de evicción, en lo principal de fojas 711, y por don Javier Cortés Unzueta, en representación de la Sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada, en lo principal de fojas 752, y SE ACOGEN los recursos de casación en el fondo deducidos por los citados de evicción y por la demandada en el primer otrosí de fojas 711 y lo principal de fojas 752 respectivamente, y se declara que se invalida la sentencia de siete de diciembre de 2001, escrita a fojas 691 y siguientes, la que se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista.

Regístrese.

Redacción del abogado integrante señor René Abeliuk Manasevich.

Rol Nº 294-02.

Sentencia de Reemplazo Corte Suprema

Santiago, veintidós de mayo de dos mil tres.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce la parte expositiva del fallo en alzada; también sus considerandos, con excepción del decimoctavo, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo quinto, como asimismo sus citas legales, salvo las referencias a los artículos 893, 904, 2.503 y 2.515 del Código Civil, y

Teniendo en su lugar y además presente, lo siguiente:

1º Que, en primer lugar debe revocarse la sentencia apelada en cuanto establece que el abogado de los citados de evicción no tiene poder suficiente para contestar la demanda de autos en su representación, por las razones y motivos señalados en el considerando Nº 4º de la sentencia de casación, en relación con los considerandos 1º y 2º de la sentencia recurrida que se dan por reproducidos;

2º Que, en cuanto al fondo de la acción reivindicatoria deducida por la demandante, los citados de evicción y la demandada actuando como tercero coadyudante, han opuesto las siguientes excepciones.

a.- La inoponibilidad de la sentencia recaída en el juicio de nulidad de contrato de compraventa seguido entre los señores Belfor Estrada Molina y don Eduardo Omar Estrada;

b.- La prescripción extintiva de la acción de reivindicación por haber operado a favor de los actuales poseedores la prescripción adquisitiva ordinaria, o en subsidio la extraordinaria, y

c.- La falta de singularización del predio que se reivindica, ya que el predio cuya reivindicación se demanda tiene siete cuadras, y la heredad de la demandada 142 hectáreas y diferentes deslindes. Que se examinarán estas tres excepciones, teniendo presen te lo ya señalado al respecto en la sentencia de casación, y especialmente en relación a lo expresado en las letras a) y c) , puntos en que la sentencia casada no fue impugnada, y se reproduce de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.

3º Que, en cuanto a la excepción de inoponibilidad conviene recalcar que, como se ha señalado en la sentencia de casación, el demandante reclamó la nulidad de dicho contrato de compraventa en juicio seguido contra el comprador don Eduardo Omar Estrada, a quien se le notificó la demanda, en circunstancias que ya a esa fecha éste se había separado de bienes de su cónyuge doña Laura González Sepúlveda, a quien se adjudicó la propiedad a que se refería dicha compraventa, y sin que ella fuese notificada de la demanda. En dicho juicio además, se pidió que se cancelara la inscripción respectiva, lo que fue concedido en circunstancias que dicha inscripción ya estaba cancelada en virtud de la adjudicación señalada. Además se alega que dicha adjudicación se otorgó existiendo en el juicio de nulidad de la compraventa decretada medidas prejudiciales precautorias inscritas en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces de Talca el 17 de agosto de 1976, en circunstancias que la adjudicación a doña Laura González Sepúlveda ya estaba inscrita con fecha 19 de febrero de 1976, por lo cual dicha prohibición no podía afectar a dicha separación de bienes y adjudicación a la cónyuge. En consecuencia, se encuentra plenamente acreditado en autos que dicha medida precautoria no puede comprometer ni a este acto ni tampoco a los sucesores en el dominio de la adjudicataria;

4º Que, en general la nulidad judicialmente declarada sólo afecta a las partes de acuerdo al art. 1.687 del Código Civil, porque sólo a ellas da el derecho para ser restituídas al mismo estado en que se hayarían si no hubiera existido el acto o contrato nulo, lo cual no es sino consecuencia de la regla general del inciso 2º del artículo 3º del mismo Código Civil que determina que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Sin embargo, el artículo 1.689 excepcionalmente, como ya se ha destacado en el fallo de casación, da acción reiv indicatoria en contra de terceros poseedores, razón por la cual normalmente pudo el demandante reclamar en contra del otorgante del contrato y demandar en ese mismo acto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, o posteriormente una vez declarada la nulidad, al actual poseedor de la finca reivindicada. Sin embargo, en este último caso el riesgo del demandante es que al declararse la nulidad que le da derecho a reivindicar contra terceros poseedores, éstos ya hayan adquirido por prescripción adquisitiva el dominio de su predio, por lo cual podrán, como ocurre en el caso de autos, oponer la excepción de prescripción extintiva, de acuerdo, como se ha señalado en la sentencia de casación, al artículo 2.517 del Código Civil. Pero aún más, tratándose de una disolución de la sociedad conyugal y adjudicación a quien no había concurrido al otorgamiento del contrato que se anula, y dado el efecto declarativo de aquella, según lo dispuesto en el artículo 1.344 del Código Civil en relación con el artículo 1.776 del mismo Código, dicha nulidad no puede empecerle a la cónyuge adjudicataria que no ha sido legalmente emplazada en juicio. Y en este sentido resulta efectivo que en este caso particular la sentencia de nulidad no puede dar derechos en contra del tercer poseedor, máxime, si como se ha dicho, ya han transcurrido los plazos para intentar dicha acción;

5º Que, como ya se dejó establecido en los considerandos Nº s 16 a 20 del fallo de casación que se dan por preproducidos, al intentarse la acción reivindicatoria en contra del actual poseedor inscrito, esto es, la sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada, ésta ya había cumplido con exceso los plazos de la prescripción ordinaria, e igualmente de la extraordinaria, y en consecuencia, la acción reivindicatoria otorgada al demandante por el artículo 1.689 del Código Civil, no podía prosperar si se le oponía la excepción de prescripción, como así lo hicieron los citados de evicción como demandados y la demandada original como tercero coadyudante;

6º Que, no empece a esta conclusión la circunstancia que el Conservador de Bienes Raíces de Talca cometió un grave error al inscribir la compraventa de doña Ernestina Acuña Lazo a don Eduardo Omar Estrada, ya que dicha compraventa sólo se refer ía a siete cuadras que no fueron deslindadas, y en su lugar se colocaron los deslindes generales del predio, además modificados, con lo cual el predio pasó a abarcar una superficie muy superior. Que es igualmente efectivo que quien quiera sumar las posesiones anteriores a la suya, para los efectos del artículo 717 del Código Civil, deberá hacerlo con sus calidades y vicios, y que la actual poseedora sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada, figura como dueña por una anotación al margen de la inscripción de dominio de don Daniel Cortéz Unzueta efectuada el 21 de enero de 1997. Pero por ello mismo sólo le basta sumar aquellas posesiones hasta completar la prescripción de 10 años, contados desde la notificación de la demanda reivindicatoria del 14 de noviembre de 1998, por lo cual únicamente tiene que llegar hasta las adquisiciones de los citados de evicción de los años 1978, 1982 y 1987, que no contienen el vicio que se atribuye a la inscripción del señor Eduardo Omar Estrada, con lo cual se completa el plazo para la prescripción adquisitiva a lo menos extraordinaria del predio, lo que lo habilita además para oponer a la reivindicación la excepción de prescripción extintiva, sin que sea necesario para ello que tenga que sumar todas las anteriores hasta llegar a aquella que pueda adolecer de un vicio. El prescribiente determinará cual serie de posesiones suma a la suya, con la única condición de que debe cumplir la exigencia del inciso 2º del artículo 717, esto es, que la serie de antecesores en la posesión que añade a la suya sea no interrumpida;

7º Que, en cuanto a la singularización del predio opuesta como excepción, ella también debe declararse en el sentido de que si bien el retazo de terreno que se reivindica puede ser identificado con su inscripción y deslindes, ello se contradice con las demás afirmaciones y peticiones de la demanda. En efecto, la nulidad que se invoca y la cancelación del título de doña Ernestina Acuña Lazo abarcó a todo el predio que ésta había adquirido a título de heredera, y con los deslindes que se han señalado en estos autos, y como el fundamento de la reivindicación es la nulidad judicialmente declarada de la transferencia de doña Ernestina Acuña Lazo a don Eduardo Omar Estrada, y además se solicita que se cancele íntegramen te el título que abarca obviamente una superficie mayor equivalente a 142 hectáreas, no hay duda que no existe congruencia entre ambos predios, el que el reivindicante señala como propio, y que le pertenecería por las razones que se señalan, y el del reivindicado. Por esta razón, y aunque habiéndose acogido las demás excepciones la demanda igualmente tendrá que ser rechazada, puesto que también es efectivo que no se cumplen los requisitos de singularidad exigidos por la ley al establecer la reivindicación;

8º Que, por las mismas razones señaladas en el considerando anterior, debe acogerse la demanda reconvencional a fin de que se declare respecto del demandante la prescripción adquisitiva del predio, ya que si bien es cierto, como lo dijo la sentencia anulada de segunda instancia, el predio del reivindicante no se encuentra singularizado en los términos en que se exige por una acción reivindicatoria en relación al predio de los demandados, la verdad es que, como ya se ha dicho, el demandante ha pedido en su demanda que se cancele íntegramente la inscripción de dominio de la actual poseedora, por lo cual, y a fin de zanjar definitivamente entre las partes que el predio a que se refiere la actual inscripción de dominio a favor de la sociedad Agrícola Río Cisnes Limitada, le pertenece, debe acogerse la demanda reconvencional declarando la prescripción adquisitiva.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, SE RESUELVE:

a.- Que se revoca la sentencia apelada de dos de marzo de dos mil, escrita a fojas fojas 586 y siguientes en cuanto acogió en todas sus partes la demanda de fojas 1, y en cuanto rechaza la intervención de los citados de evicción por intermedio de su abogado don Antonio Recabarren Escudero, y en su lugar se decide que se rechaza en todas sus partes la acción reivindicatoria intentada por el actor en lo principal de fojas 1, y se declara que el abogado de los citados de evicción tiene poder suficiente para contestar la demanda en representación de los citados de evicción ;

b.- Que se revoca, igualmente la sentencia antes individualizada, en cuanto rechaza las demandas reconvencionales interpuestas por los citados de evicción en el primer otrosí de fojas 170, y en el segundo otrosí de fojas 218, por la Socied ad Agrícola Río Cisnes Limitada, y en su lugar se declara que la demandada ha adquirido el predio reivindicado por prescripción adquisitiva, sin que tenga importancia para los efectos de este juicio determinar si ella fue ordinaria o extraordinaria;

c- Que no se condena en costas a la demandante por haber tenido motivos plausibles para litigar, y

d.- Se confirma en lo demás la sentencia apelada.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción del abogado integrante señor René Abeliuk Manasevich.

Rol Nº 294-02.

7/5/03

Prescripción Extintiva. Corte Suprema 07.05.2003


Sentencia Corte Suprema

Santiago, siete de mayo de dos mil tres.

Vistos:

En estos autos, Rol Nº 1.122-1999, del Segundo Juzgado Civil de La Serena, caratulados Cortés Barraza, Patricia con Fisco de Chile, por sentencia de primer grado de nueve de marzo de dos mil uno, escrita a fojas 308, se rechazó la excepción de prescripción extintiva de la acción y se acogió la demanda condenando al demandado al pago de la suma de $15.000.000 a favor de la cónyuge de don Hipólito Cortés Álvarez, doña Alina María Barraza y de cada uno de sus seis hijos, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral causado a éstos, con motivo del fusilamiento del causante, más los reajustes que indica, ordenando descontar, de los montos señalados, las cantidades que los beneficiarios recibieron a título de bonificación del Instituto de Normalización Previsional en el año 1992.

Apelada que fuera por la parte demandada, la Corte de Apelaciones de La Serena, en fallo de nueve de abril de dos mil dos, escrito a fojas 396, la revocó e hizo lugar a la excepción de prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido con creces el término de cinco años que exige en el artículo 2515 del Código Civil, declarando, en consecuencia, que se rechaza la demanda en todas sus partes, sin costas.

En contra de esta última decisión la parte demandante recurre de casación en el fondo aduciendo las infracciones de ley que señala y solicitando la anulación de la sentencia y que se dicte una de reemplazo que confirme la sentencia de primer grado con declaración de que se eleva a la suma de $500.000.000 la indemnización por daño moral a que fue condenado el Fisco de Chile.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el demandante recurrente argu menta que se han vulnerado los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, 130 y 131 de las Convenciones de Ginebra y 31 de la Convención de Viena, Sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra. Al efecto, sostiene, en primer lugar, que los jueces del grado incurren en error de derecho al no aplicar al caso de autos las normas citadas de las Convenciones de Ginebra, que son una ley de la República, y al afirmar, como lo hicieron, que no existen disposiciones especiales que impidan aplicar los artículos sobre prescripción del derecho común.

La prescripción continúa- es una forma de exoneración porque extingue la responsabilidad pecuniaria que le corresponde al Estado de Chile por los actos violatorios a las normas de las Convenciones de Ginebra, por ello no puede sino interpretarse que se trata de una derogación por una ley posterior a las normas del Código Civil. Así, en opinión del recurrente, el Estado, como persona jurídica, no se puede exonerar por prohibirlo la ley y, por tanto, el Fisco de Chile no puede oponer la excepción de prescripción porque al hacerlo se libera de la responsabilidad pecuniaria que le corresponde por disposición expresa del artículo 131 de las nombradas Convenciones.

En segundo lugar, expone que es un error de derecho lo afirmado en el considerando sexto de la sentencia atacada, por cuanto el término exonerar se emplea como prohibición y es un hecho de la causa que el Fisco reconoció, la ocurrencia de las infracciones a las Convenciones de Ginebra sobre los prisioneros de guerra muertos y torturados, argumentando en su favor que únicamente daban lugar a responsabilidades de carácter penal y no civil, interpretación que en su concepto es equivocada, pues el Estado no responde penalmente.

Finalmente expone que a las Convenciones de Ginebra, como tratado internacional convertido en ley de la República, no le son aplicables las reglas de interpretación de carácter civilista o privatistas, como lo hizo el fallo atacado, sino que ellas deben ser analizadas de acuerdo a los principios y doctrinas que rigen el derecho internacional público, entre otros conforme a los principios de derecho internacional incorporados en la carta de la Naciones Unidas. La reglas sobre Interpretación de los tratados internacionales están contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de Los Tratados de 23 de mayo de 1969, que en su artículo 31 establece como regla general la buena fe. Así, conforme a ella, aplicada como principio para solucionar el conflicto, debe entenderse que sólo cuando los estados de excepción cesan las víctimas recién tienen oportunidad de exigir, demandar e investigar los daños que sufrieron y nunca antes.

Segundo: Que corresponde determinar el alcance de las disposiciones de los artículos 130 y 131 de la Convención sobre el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, de Ginebra, promulgada por el decreto supremo Nº 752, de 1950, de Relaciones Exteriores, a que alude el recurrente para configurar la infracción de ley denunciada. En la primera, se señaló que las infracciones graves a que se refiere el articulo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes siempre que sean cometidos en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio, entre ellos, homicidio intencional, tortura, tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el hecho de causar adrede grandes sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o de privar de su derecho a dicho cautivo respecto a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del presente Convenio y, la segunda, estableció que ninguna de las partes contratantes podrá exonerarse a si misma, ni exonerar a otra Parte contratante, de las responsabilidades incurridas por ella o por cualquiera otra Parte contratante en virtud de infracciones previstas en el artículo precedente.

Tercero: Que esta Corte, con anterioridad, en los autos Rol Nº 4.753, por sentencia de dos de mayo de dos mil dos, resolvió que tales disposiciones se deben relacionar con el artículo 129 de la misma Convención, a la que, como se ha visto, se remite su artículo 130, pues en el inciso primero de aquel precepto se estipuló que las Altas Partes contratantes se comprometen a tomar cualquiera medida legislativa necesaria para determinar las sanciones penales adecuadas que deban aplicarse a las personas que hayan cometido o dado orden de cometer cualquiera de las infracciones graves al presente Convenio que se indican en el artículo si guiente, lo que demuestra que la prohibición que el artículo 131 impone a cada Parte de exonerarse de responsabilidades a si misma o a otra Parte, no pudo sino referirse a las sanciones de orden penal que deben recibir las personas que pudieran cometer u ordenado cometer las infracciones graves enumeradas en el artículo 130.

Cuarto: Que como consecuencia de lo expresado y atendido el exacto sentido del mencionado articulo 131 del Convenio, ya fijado por esta Corte de Casación, sólo cabe concluir que la sentencia atacada no ha incurrido en infracción de ley al desestimar su aplicar al caso de autos, pues, como ya se dijo, la exoneración allí contenida no es una norma expresa de imprescriptibilidad para acciones de naturaleza patrimonial o pecuniaria, de manera que, como acertadamente lo entendieron los jueces, no existe impedimento en nuestro ordenamiento jurídico para que operara la prescripción de las acciones conducentes a hacer efectiva la responsabilidad del Fisco de reparar daños cuya indemnización se intenta en la demanda de autos, es decir, para perseguir una responsabilidad distinta a la penal cuya exoneración excluye ese precepto de la Convención.

Quinto: Que, por otro lado, la aplicación en la especie de las reglas sobre prescripción de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Fisco pertenecientes al Código Civil chileno con mucha anterioridad al hecho que motiva el juicio, en virtud del mandato expreso y directo de otra disposición del mismo cuerpo legal, mal puede ser considerada como acto de autoexoneración vedada por el citado precepto de la Convención de Ginebra de 1950 sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra, si se tiene en cuenta que dicho Código se promulgó con fecha 14 de diciembre de 1855;

Sexto: Que, a mayor abundamiento, se dirá que si bien el Protocolo Adicional a la aludida Convención de Ginebra, que se promulgó por decreto supremo Nº 752, de 17 de junio de 1991, de Relaciones Exteriores, cuyo artículo 91 dispuso que la Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas, no puede sino entenderse que este conve nio tampoco impide que se apliquen en este juicio las reglas que gobiernan de manera permanente la prescripción de la responsabilidad extracontractual del Fisco chileno, porque, aparte de haberse aprobado con posterioridad a la fecha en que tuvieron lugar los hechos que originan la demanda y de carecer de fuerza retroactiva, la citada norma del Protocolo Adicional sólo obliga a indemnizar si hubiere lugar a ello, lo que no ocurre si la acción respectiva se ha extinguido por prescripción.

Séptimo: Que, en cuanto a la responsabilidad extracontractual del Estado, es útil consignar que el hecho que ciertas responsabilidades se sometan al Derecho Público no obsta a que ellas puedan extinguirse por el transcurso del tiempo. El resarcimiento de los daños efectivos o morales experimentados injustamente por los individuos es, en rigor, un asunto de índole pecuniaria y -conforme a lo razonado- no hay norma positiva alguna que establezca, en esta materia, la imprescriptibilidad genérica de la responsabilidad extracontractual del Fisco o de otra institución estatal, sino, por el contrario, el régimen jurídico nacional ha sancionado preceptos que admiten y regulan esa modalidad de extinción de las acciones indemnizatorias respectivas, entre ellos, el inciso tercero del artículo 63 de la ex Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por el decreto ley Nº 1.289, de 1975, actualmente derogado, que hacía prescribir en un año contado desde la fecha del perjuicio la responsabilidad extracontractual de los Municipios y las antes aludidas normas de los artículos 8º del decreto ley Nº 3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola, que fija igual término contado desde que aparezcan de manifiesto los perjuicios causados por trabajos del Servicio Agrícola y Ganadero para la prescripción del derecho a reclamar su indemnización y 17 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.415, que contempla el mismo plazo, contado desde el término del estado de excepción para que prescriba la acción indemnizatoria en contra del Fisco que concede el mismo precepto. Por otro lado, la imprescriptibilidad de ciertas acciones es excepcional en nuestro ordenamiento y requiere declaración expresa del legislador, como ocurre en los casos previstos en el artículo 4º de la Ley Nº 19.620.

Octavo: Que la idea de aplicar las reglas de la prescripción extintiva que contiene el Código Civil a las acciones en que se persigue la responsabilidad extracontractual del Estado no repugna a la naturaleza especial que ella posee, si se considera que ellas inciden en el ámbito patrimonial de esa responsabilidad y que, en ausencia de normas positivas que las hagan imprescriptibles, corresponde estarse a las reglas del Derecho Común que se refieren específicamente a la materia, entre las que se encuentra el artículo 2332 del Código Civil, que versa directamente sobre ella.

Noveno: Que dicha normativa es pertinente a la materia por mandato explícito del legislador expresado en el artículo 2497 del Código Civil, que dispone que sus reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.

Décimo: Que de lo expresado en los fundamentos precedentes, es dable concluir que la sentencia cuya anulación se solicita en el recurso de casación no incurrió en los errores de derecho denunciados, en los términos planteados por el recurrente.

Undécimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, se dirá que esta Corte no comparte lo razonado en el considerando séptimo del fallo que se revisa, toda vez que entre las disposiciones aplicables referentes a la prescripción que debe operar en beneficio y en contra del Estado, se encuentra la que establece el artículo 2332 del Código Civil, que versa directamente sobre la extinción de la responsabilidad extracontractual, declarando que las acciones mediante las cuales se persigue la obligación de indemnizar el daño inferido a otro con dolo o culpa, como lo es la intentada en esta causa, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto. De esta forma, si bien, no correspondía aplicar el término de cinco años contenido en la regla del artículo 2515 del mismo texto como lo hicieron los jueces recurridos- tal infracción no influye en lo dispositivo de la sentencia pues el cuadrienio respectivo a la fecha de la notificación de la demanda contado desde el día de la ocurrencia del acto -16 de octubre de 1973- se encontraba igualmente cumplido con creces .

Y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 764, 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por el demandante en contra de la sentencia de nueve de abril de dos mil dos, escrita a fojas 396 de la Corte de Apelaciones de La Serena.

Se previene que el Ministro señor Benquis concurre al fallo que rechaza el recurso de casación de autos dejando constancia que no acepta sus motivaciones segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, y en su lugar tiene presente las consideraciones que siguen:

1 Que, como se ha visto, el actor sustenta su recurso de casación en el fondo con el argumento de que los jueces del grado han incurrido en error de derecho al no aplicar al presente caso las disposiciones contenidas en los artículos 130 y 131 de las Convenciones de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra, que son ley de la República. Aduce que los hechos que sirven de sustento a su acción constituyen actos violatorios de las normas de las Convenciones de Ginebra y, al oponer el Fisco de Chile la excepción de prescripción, pretende liberarse de la responsabilidad pecuniaria que le corresponde por disposición expresa del artículo 131 de las Convenciones referidas;

2 Que es menester, entonces, determinar previamente si es aplicable al caso en estudio la normativa invocada;

3 Que la Convención sobre el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra fue adoptada el 12 de Agosto de 1949 por los Plenipotenciarios de los Gobiernos representados en la Conferencia diplomática reunida en Ginebra, Chile depositó el instrumento de ratificación el 12 de octubre de 1950 y se la publicó en el Diario Oficial el 18 de abril de 1951.

Su artículo 1expresa que Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente convenio en toda circunstancia.

Respecto de su ámbito de aplicación, el artículo 2 determina que:

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier conflicto armado que surja entre dos o varias de las Partes contratantes aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por una de ellas.

El Convenio se aplicará también en los casos de ocupación de la totalidad o parte del territorio de una Alta Potencia contratante, aunque la ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias contendientes no fuere parte en el presente Convenio, las Potencias que son partes en el mismo quedarán obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán además obligadas por el Convenio respecto a dicha Potencia, siempre que ésta acepte y aplique sus disposiciones;

4 Que de la transcripción que antecede aparece claramente que dicha Convención tiene como exclusiva finalidad la regulación de situaciones relacionadas con el tratamiento de los prisioneros en la eventualidad de producirse guerras o conflictos armados entre países.

Dicha situación fáctica condición básica para que dicha Convención opere- no ha sido planteada como concurrente en la acción indemnizatoria deducida, por cuyo motivo cabe colegir que los jueces del fondo no han podido incurrir en error de derecho al no aplicar en su sentencia disposiciones legales que son ajenas a la solución de este pleito.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Nº 1.558-02.

25/11/02

Usufructo, Prescripción Adquisitiva, Acción Reivindicatoria, Actos Posesorios de Demandado


En la demanda de prescripción adquisitiva del derecho de usufructo, que recae en el mismo inmueble que ha sido objeto o materia de la reivindicación, ha de indicarse, en primer término, que los instrumentos públicos invocados por los actores contienen únicamente la declaración o promesa efectuada por terceros, esto es, por personas distintas de la demandada, en el sentido de constituir en el futuro un derecho real de usufructo sobre ese bien raíz. De acuerdo con lo establecido en el artículo 767 del Código Civil el usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos como es el caso no valdrá si no se otorga por instrumento público inscrito. Al margen de que exista o no algún título que vincule u obligue a la demandada de prescripción, lo cierto es que esos actores no tienen a su haber ningún instrumento público en el que derechamente se constituya el derecho real de usufructo que aducen ni menos, por consiguiente, de uno que haya sido debidamente inscrito. En suma, carecen enteramente del medio o modo necesario para entenderlo constituido a su favor.

La demandada, no solo se opuso a la restitución o entrega del predio a la actora, con motivo de un anterior juicio reivindicatorio, invocando derechos en el mismo, sino que ejerció también en su contra acciones de aquellas que la ley concede sólo al poseedor como lo es la de amparo. De lo asentado se sigue entonces que la actora ha sido privada de uno de los atributos que le confiere el dominio establecido a su respecto, dado que, en virtud de esa ocupación de la demandada, se ha visto impedida de usar y gozar del bien raíz que le pertenece.

Sentencia de Casación Corte Suprema

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil dos.

Vistos:

En estos autos rol nº del Primer Juzgado de Letras de Santa Cruz, doña Ana Romero Mejías demandó de reivindicación a doña Eliana Garrido González, solicitando que se declare su dominio y que se ordene la restitución del denominado Lote A, de 5.000 metros cuadrados, que formó parte del resto de la Parcela 45 del Proyecto de Parcelación Lihueimo, de la comuna de Palmilla. A este proceso se acumuló la causa rol nº del mismo tribunal, en la que la señalada señora Eliana Garrido González, doña María Sonia, doña María Angélica, doña María Cristina, doña Gladys, don Luis, doña Isabel y don Francisco, todos de apellidos Garrido González, demandaron a la también indicada señora Ana Romero Mejías, solicitando que se declare que adquirieron por prescripción el derecho real de usufructo sobre el mismo inmueble objeto de la reivindicación referida. La juez de ese tribunal, por sentencia de 13 de octubre de 2000, negó lugar a la demanda reivindicatoria y acogió la de prescripción, ordenado que se practique la inscripción del derecho real de usufructo a favor de los respectivos demandantes, en el registro pertinente del Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz. La Corte de Apelaciones respectiva, por sentencia de 11 de octubre de 2001, confirmó ese fallo.

En contra de esta última sentencia, la parte de doña Ana Romero Mejías, dedujo recurso de casación en el fondo.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

1 Que, como se dijo en la exposición que antecede, doña Ana Romero Mejías demandó de reivindicación a doña Eliana Garrido González, argumentado al efecto que ésta posee, con ánimo de señor y dueño, el inmueble que le pertenece y cuya restitución reclama.

2 Que, en ese contexto, además de tratarse del ejercicio de una acción reivindicatoria, es evidente que cualquier pronunciamiento sobre esa demanda supone, de modo necesario, el examen acerca de la posesión que se atribuye a la demandada.

3 Que, en tal sentido, la revisión del fallo impugnado permite advertir que en él no se contiene el debido análisis acerca de los procesos traídos a la vista durante la substanciación de este juicio, vale decir, la causa rol nº del Primer Juzgado de Santa Cruz, caratulada Ana María Romero Mejías con Francisco Abarca, sobre reivindicación, en el que la actual demandada se opuso a la entrega del inmueble, aduciendo que debió interponerse la demanda de reivindicación en contra suya y de sus hermanos y la causa rol nº de ese mismo tribunal en el que la propia señora Eliana Garrido González ejerció acción posesoria de amparo, en contra de la actual demandante doña Ana Romero Mejías, procesos de los que, entonces, pudiera derivarse una conducta propia de un poseedor y, con ello, el reconocimiento por parte de la actual demandada de su calidad de tal.

4 Que, la omisión apuntada ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo recurrido toda vez que el rechazo de la demanda reivindicatoria se ha basado, precisamente, en la circunstancia de que, al entender de los sentenciadores, la demandada no ocupa el inmueble de que se trata en calidad de poseedora. En tal virtud, es dable sostener que en esa sentencia se incumple el requisito que prescribe el artículo 170 Nº del Código de Procedimiento Civil y que, por ende, carece de los fundamentos que sirvan de necesario sustento a la decisión que se adopta.


5 Que, siendo así, los antecedentes del recurso manifiestan que ese fallo se encuentra afectado por un vicio de aquellos que dan lugar a la casación en la forma, puesto que se configura en la especie la causal de nulidad que prevé el artículo 768 Nº del Código de Procedimiento Civil, motivo por el que esta Corte se encuentra facultada para actuar de oficio, según lo permite el artículo 775 de ese Código, sin que haya sido posible oír sobre el punto a los abogados de las partes, por no haber concurrido a alegar a la vista del recurso.

Por es tas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 764, 766, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, actuándose de oficio, se invalida la sentencia de once de octubre de dos mil uno, escrita a fojas 152 y se dicta, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la que corresponde con arreglo a la ley.

En atención a lo resuelto se tiene como no deducido el recurso de casación en el fondo de fojas 159.

Redacción a cargo del Ministro señor Ortíz.

Regístrese.

30688


Sentencia de Reemplazo Corte Suprema

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil dos.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la sentencia de reemplazo que corresponde con arreglo a la ley.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones:

a.- Se eliminan sus fundamentos quinto, sexto, séptimo y undécimo a vigésimo segundo, inclusive.

b.- Entre sus citas legales, se suprime la mención de los artículos 708, 714, 2500, 2511, 2512 y 2513, todos del Código Civil.

Y se tiene, en su lugar, y, además, presente:

1 Que, al margen de no estar controvertidos, con el mérito de los instrumentos públicos agregados a fojas 1, 62, 71 y 92, es posible tener por comprobados los siguientes hechos:

a.- Por escritura pública de 14 de noviembre de 1979, don Luis Omar Garrido Díaz vendió a don Julio González Farías, la Parcela Ndel proyecto de parcelación Lihueimo, de 12,4 hectáreas de superficie. En la cláusula quinta de ese instrumento se dejó constancia por las partes que el comprador, don Julio González Farías, una vez inscrita a su nombre la propiedad, se obliga a constituir usufructo de por vida a favor de don Luis Omar Garrido Díaz, de su cónyuge doña Graciela del Carmen González González y de sus hijos, respecto de una casa y cerco de aproximadamente cinco mil metros cuadrados, existentes en la propiedad vendida.

b.- Posteriormente, a través de una escritura pública de 14 de mayo de 1981, don Julio González Farías vende ese mismo predio a don Yamil Ethit Sabal. De igual manera, en la estipulación sexta de ese instrumento se dejó constancia que el comprador, don Yamil Ethit Sabal, una vez inscrita la propiedad a su nombre, se obliga a constituir usufructo de por vida a f avor de don Luis Omar Garrido Díaz, de su cónyuge Graciela del Carmen González González y de sus hijos, siempre respecto de una casa y cerco de aproximadamente cinco mil metros cuadrados existentes en la propiedad vendida.

c.- Finalmente, por escritura pública de 27 de septiembre de 1982 don Yamil Ethit Sabal y doña Ana María Romero Mejías actual demandante de reivindicación liquidaron la sociedad conyugal habida entre ellos, adjudicándose a la señalada cónyuge la mencionada Parcela 45 del Proyecto de Parcelación Lihueimo, título que es inscrito a su favor el 1 de octubre de 1982 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo, sin que se haga mención en él a la referida obligación de constituir usufructo.

2 Que, los documentos públicos agregados de fojas 51 a 61, demuestran que don Luis Omar Garrido Díaz y su cónyuge doña Graciela del Carmen González González fallecieron, respectivamente, los días 1 de noviembre de 1988 y 27 de agosto de 1994 y que los demandantes de prescripción adquisitiva, son sus hijos.

3 Que, en lo que se refiere a la acción reivindicatoria de fojas 3, ha de indicarse que, conforme se comprueba con el instrumento público de fojas 1, doña Ana María Romero Mejías, ha tenido por sí misma - la posesión inscrita del inmueble correspondiente al resto de la Parcela Nº y parte proporcional en los bienes comunes, del Proyecto de Parcelación Lihueimo (Lote A), desde el día 1 de octubre de 1982. Luego, contando con un justo título, constituido por el aludido instrumento de fojas 92, favoreciéndola la presunción de buena fe, no desvirtuada en autos, y habiéndose extendido esa posesión regular por más de cinco años, ha de considerarse acreditado el dominio que esa actora adujo como fundamento de su pretensión.

4 Que, enseguida, siempre acerca de esa misma acción reivindicatoria, según fluye del escrito de fojas 21, es un hecho reconocido por la demandada, doña Eliana del Carmen Garrido González, que ella ocupa y posee tal predio a contar del deceso de sus padres, esto es, en el mejor de los casos, desde noviembre de 1988, situación que se ve corroborada si se atiende al mérito de los procesos tenidos a la vista, ya individualizados en la sentencia de casación que antecede, conforme a los cuales es posible establecer que esa demandada ha evidenciado comportamientos inherentes al de una poseedora. En efecto, no solo se opuso a la restitución o entrega del predio a la actora, con motivo de un anterior juicio reivindicatorio, invocando derechos en el mismo (18 de noviembre de 1998), sino que ejerció también en su contra acciones de aquellas que la ley concede sólo al poseedor como lo es la de amparo interpuesta en el proceso rol nº con fecha 22 de octubre de 1998. De lo asentado se sigue entonces que la actora Romero Mejías ha sido privada de uno de los atributos que le confiere el dominio establecido a su respecto, dado que, en virtud de esa ocupación de la demandada, se ha visto impedida de usar y gozar del bien raíz que le pertenece.

5 Que, en tales condiciones, no cabe sino concluir que debe ser acogida la acción reivindicatoria ejercida por doña Ana María Romero Mejías, en lo principal de fojas 3.


6 Que, acerca de la demanda de prescripción adquisitiva del derecho de usufructo, que recae en el mismo inmueble que ha sido objeto o materia de la reivindicación, ha de indicarse, en primer término, que los instrumentos públicos invocados por los actores de fojas 21, como fundamento de su pretensión reseñados en las letras a) y b) del considerando primero que antecede - contienen únicamente la declaración o promesa efectuada por terceros, esto es, por personas distintas de la demandada Romero Mejías, en el sentido de constituir en el futuro un derecho real de usufructo sobre ese bien raíz. Enseguida, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 767 del Código Civil el usufructo que haya de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos como es el caso no valdrá si no se otorga por instrumento público inscrito.

7 Que, de esta forma, al margen de que exista o no algún título que vincule u obligue a la demandada de prescripción, lo cierto es que esos actores no tienen a su haber ningún instrumento público en el que derechamente se constituya el derecho real de usufructo que aducen ni menos, por consiguiente, de uno que haya sido debidamente inscrito. En suma, carecen enteramente del medio o modo necesario para entenderlo constituido a su favor.


8 Que, siendo el de autos un inmueble sujeto al régimen de posesión inscrita y existiendo un título inscrito vigente que favorece a la demandada de prescripción, significa que la situación de autos se encuentra regida, de un modo exclusivo y excluyente, por el artículo 2505 del Código Civil. Consecuentemente, no puede haber lugar a la prescripción adquisitiva alegada por los actores de que se trata puesto que ellos, según se dijo, no tienen ningún título inscrito que dé cuenta del derecho real que pretenden y porque no se ha cancelado la inscripción de dominio pleno que sí favorece a la demandada Romero Mejías.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 1700, 1701, 2507 y 2508 del Código Civil y 186 del de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de trece de octubre de dos mil, escrita a fojas 111 y, en su lugar, se declara:

1.- Que se acoge la demanda de lo principal de fojas 3 y, en consecuencia, se condena a la demandada a la restitución del predio reivindicado, dentro de trigésimo día de ejecutoriado este fallo.

2.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda de lo principal de fojas 21.

Cada parte pagará sus costas.

Redacción a cargo del Ministro señor Ortíz.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

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