3/6/09

Corte Suprema 16.07.2002


Sentencia Corte Suprema
Santiago, dieciséis de julio de dos mil dos.
Vistos:
En estos autos, Rol Nº 39.925, del Segundo Juzgado de Letras de Temuco, caratulados Jara Rivera, Carlos Fernando con Orpro S.A., la parte demandada ha deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, de dieciocho de marzo de dos mil dos, escrita a fojas 72 y siguiente que, con diferentes fundamentos, confirmó, con declaración, la sentencia de primera instancia, decidiendo que no se accede al incremento del 50% de la indemnización por años de servicios. El fallo en alzada acogió, con costas, la demanda de autos y declaró injustificado el despido del actor, condenando, en consecuencia, a la demandada a pagar $187.600 como indemnización sustitutiva de aviso previo; $ 1.500.800 como indemnización por años de servicios con un aumento del 50%; $ 79.726 por feriado proporcional, con los reajustes e intereses de los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.
Se ordenó traer los autos en relación, como consta de la resolución de fojas 93.
Considerando:
Primero: Que el recurrente denuncia la infracción de los artículos 160 Nº 1, 455 y 456 del Código del Trabajo y 1.698 del Código Civil, argumentando que el primer error de derecho se cometió en el considerando 10º del fallo de primer grado, confirmado por la Corte de Apelaciones, al sostener que la causal de falta de probidad no se ajusta a derecho ni a equidad, pues, los hechos ocurridos, si bien constituyen una falta, tienen una gravedad menor. Indica que los jueces del grado razonaron sosteniendo que La falta de probidad habla de una conducta torcida, de una reiteración, de un enriquecimiento injusto, de una deslealtad, de una incorrección en el actuar..., y agregando que Por otra parte, la demandada no ha acreditado que efectuó denuncia criminal por los hechos, por lo que entiende que ha perdonado la falta, lo que, en su concepto, es un error. Estima que los sentenciadores debían calificar, desde el punto de vista laboral, la apropiación de la suma de $133.210 por parte del trabajador, hecho reconocido por éste y que la apropiación de dineros de la empresa para la cual se desempeña constituye una falta de rectitud en el obrar, máxime cuando el giro de la empresa para la cual trabaja es justamente el cobro y manejo de recursos monetarios y créditos de terceros.
En síntesis, plantea que la situación es muy clara, el trabajador se quedó con el dinero que por su cargo cobró y lo guardó para sí. Ese hecho, evidentemente, implica apropiarse de un bien ajeno, y de paso, comprometer seria y gravemente el prestigio y la confiabilidad de la empresa de cobranza a la cual pertenecía.
Además, el recurrente entiende vulnerado el artículo 1.698 del Código Civil, por cuanto, en su concepto, con la prueba testimonial rendida por su parte y confesional, probó que el demandante había recibido el dinero de la empresa Dimacofi, el cual no fue ingresado a la caja de la demandada como correspondía, situación que mantuvo en secreto aún a pesar de los requerimientos de sus compañeros de trabajo para que realizara la cobranza de tales dineros.
Agrega que se han transgredido también los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, por cuanto los jueces de la instancia no expresaron las razones jurídicas y lógicas para desestimar la confesión del actor y la prueba testimonial rendida por su parte, en circunstancias que los elementos de convicción aportados necesariamente conducen a una decisión diferente a la que arribaron los sentenciadores, lo que demuestra que éstos se apartaron sin razón de la prueba de autos, incurriendo en el error de derecho que se denuncia.
Segundo: Que dada la importancia de la causal de falta de probidad, la jurisprudencia ha resulto reiteradamente que para que los hechos la configuren y por consiguiente justifiquen el término de la relación laboral, deben reunirse dos requisitos copulativos, a saber, resultar nítidamente probados y revestir cierta magnitud, gravedad o significación. Así analizando la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no puede sino concluirse con forme a la lógica y máximas de la experiencia, que el demandante al apropiarse de la suma de dinero de que se trata, sin que la prueba aportada por éste justifique o explique su proceder, se reúnen esas condiciones, toda vez que se ha demostrado la falta de honradez en el actuar de demandante y tal acción no puede sino desprestigiar a la entidad empleadora, quien por su giro, se dedica precisamente a cobrar dineros por cuenta de terceros.
Tercero: Que, en este mismo orden de ideas, la honradez en el actuar exigida al dependiente, la ley laboral la ha establecido sin mayores calificativos ni exigencias adicionales, es decir, no se requiere la convergencia o reunión de más antecedentes, es así, como ante la ausencia de la debida rectitud, honradez o integridad, debidamente comprobada, puede recibir aplicación la norma del artículo 160 Nº 1 del Código del Trabajo, sin que sea necesario considerar la concurrencia de otras circunstancias, como son su conducta anterior o la inexistencia de la denuncia al Tribunal del Crimen respectivo por no exigirlo la disposición citada ni poder interpretarse ella de otra manera, sin infringir sus términos.
Cuarto: Que en la absolución de posiciones el demandante reconoció su firma y Cédula de Identidad registradas en la factura extendida por la demandada a la empresa Dimacofi, por un total de $133.210 y, a su vez, confesó haber recibido dicha suma de dinero. Por otro lado, los testigos de la demandada, trabajadores de la empresa Orpro S.A., están contestes en afirmar que el dinero que Dimacofi entregó al demandante no ingresó a la caja de la empresa y que no es frecuente que éste reciba dinero en efectivo y que cuando lo hace debe entregarlo de inmediato a la Cajera, agregando la señora Fernández, que si esto ocurre ella como cajera otorga el respectivo comprobante para que, a su vez, el junior lo entregue a la empresa.
Los testigos de la parte demandante, si bien son iguales en número, no aparecen bien instruidos en los hechos que aseveran, por cuanto se limitan a sostener que el demandante al ir a cobrar la respectiva factura se enteró que se encontraba pagada con anterioridad, sin aportar mayores antecedentes, lo que, además, conocen únicamente por los dichos del trabajador.
Quinto: Que, en consecuencia, al haberse estimado que no se configura la causal invocada, toda vez que era p ráctica habitual que el trabajador recibiera dinero en efectivo y que éstos fueran entregados a las cajeras sin extenderse ni firmase recibo alguno y concluir que no existen antecedentes que permitan deducir o establecer que el demandante se hubiera apropiado de los dineros en cuestión, los sentenciadores de segundo grado, se han apartado de las reglas de la sana crítica y han desatendido el mérito de las pruebas aportadas, contraviniendo los artículos 455 y 456 del Código del Trabajo, pues, de haberlos aplicado correctamente, los jueces debieron llegar a la conclusión que, en la especie, se tipificó la causal del Nº 1 del artículo 160 del mismo texto legal. Este error de derecho ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, desde que condujo a acoger la demanda por despido injustificado y condenar a la demandada al pago de las indemnizaciones y prestaciones que se indican.
Sexto: Que conforme a lo que se ha razonado, procede acoger el recurso de casación en el fondo.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 772, 783 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandada a fojas 75, en contra de la sentencia de dieciocho de marzo de dos mil dos, escrita a fojas 72 y siguiente, la que se invalida y se reemplaza por la que a continuación, sin nueva vista pero separadamente se dicta.
Regístrese.
Sentencia de Reemplazo Corte Suprema
Santiago, dieciséis de julio de dos mil dos.
En cumplimiento a lo que dispone al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos noveno, décimo y undécimo que se eliminan.
Asimismo, se reproducen los considerandos segundo, tercero y cuarto del fallo de casación.
Y se tiene, en su lugar y, además, presente:
Primero: Que con la prueba rendida, apreciada conforme a las reglas de la sana crítica y las razones lógicas y de experiencia, se tienen por establecidos los hechos en que se funda la causal invocada y, por ende, sólo cabe concluir que el actor incurrió en la casual de caducidad contemplada en el artículo 160 Nº 1 del Código del Trabajo, esto es, falta de probidad.
Segundo: Que, conforme lo antes razonado el despido del actor es justificado y procede, por tanto, el rechazo de la demanda en cuanto al pago de las indemnizaciones por despido injustificado.
Tercero: Que, se dará lugar al feriado proporcional cobrado, por ser un derecho del trabajador, adquirido durante la vigencia de la relación laboral.
Y de conformidad, además, a lo que disponen los artículos 463 y siguientes del Código del Trabajo, se revoca la sentencia apelada de dieciocho de julio de dos mil uno, escrita a fojas 53 y siguientes en cuanto acoge la demanda y condena al demandado al pago de indemnización sustitutiva de aviso previo y por años de servicios y, en su lugar se declara, que siendo justificado el despido del actor se rechazan tales indemnizaciones y se la confirma en cuanto al feriado proporcional.
Regístrese y devuélvase
Nº 1.623-02.

Corte Suprema 18.07.2002



Sentencia Corte Suprema
Santiago, dieciocho de julio de dos mil dos.
Vistos:
En estos autos rol N14.813, seguidos ante el Tercer Juzgado de Letras de Copiapo, caratulados Castillo, Juan con Vecchiola S.A., sobre juicio ordinario de Trabajo, el actor solicitó se declarara injustificado el despido de que fue objeto y que la demandada deberá pagarle la indemnización sustitutiva del aviso previo, la por años de servicios, con más los recargos, reajuste e intereses.
Por sentencia de primer grado que se lee a fojas 94, de veintiséis de enero de dos mil dos, se desestimó la demanda por estimarse que el despido se ajustó a la causal N5 del artículo 159 del Código Laboral.
Apelada tal sentencia por el actor, la Corte de Apelaciones de Copiapo la confirmó, el veintiséis de febrero de dos mil dos, según se lee a fojas 118.
En contra de tal sentencia, el apoderado del actor dedujo, a fojas 122, recurso de casación en el fondo.
A fojas 134 se trajeron los autos en relación.
Considerando:
Primero: Que el recurrente estima que los jueces de la instancia han infringido los artículos 1545 del Código Civil y 159 N5 del Código del Trabajo.
Expresa, en primer lugar, que no se controvirtió en autos que entre las partes existió relación laboral desde el 28 de octubre de 1996 hasta el mes de noviembre del año 2000. Durante este período nunca se firmó algún finiquito entre las partes que hubiere dado por terminada una relación laboral anterior no obstante todos los anexos de contratos acompañados al proceso, pues, nunca hubo discontinuidad en los servicios.
Agrega que la infracción cometida en la sentencia recurrida ha violado el artículo 1545 del Código Civil y 159 N5 del Código del Trabajo, pues, existió un contrato legalment e celebrado, que es el único contrato de origen, en el que claramente no consta la obra o conclusión del servicio que ahora adujo la empleadora para poner término al contrato.
Termina señalando la influencia que estas infracciones habrían tenido en lo dispositivo del fallo.
Segundo: Que son hechos de la causa los siguientes:
a) Entre las partes existió relación laboral desde el 28 de octubre de 1996 hasta el 15 de noviembre de 2000, fecha en que el actor fue despedido por la causal contemplada en el N5 del artículo 159 del Código del Trabajo;
b) El contrato suscrito con fecha 28 de octubre de 1996, en su cláusula primera dispuso que el trabajador se desempeñará como maestro mecánico, perforista y chofer para la Compañía Minera El Indio S.A..
La cláusula octava señaló que el contrato tendrá duración de 30 días, agregándose que las partes aceptan como condición esencial para la existencia y vigencia del contrato que las labores contratadas son de carácter temporal y que, a su vez, el empleador mantenga vigente su calidad de contratista de la Compañía Minera El Indio S.A.
c) Con fecha 27 de noviembre de 1996, las partes modificaron dicha cláusula octava, agregando al contrato una duración de 30 días, contados desde tal fecha;
d) Con fecha 27 de diciembre de 1996, las partes suscribieron otro anexo de contrato, modificando la vigencia del mismo el que se entenderá terminado automáticamente, en la fecha que concluyan las faenas que le dieron origen que eran las que se prestaban a la Compañía Minera El Indio S.A.
e) Con fecha 21 de septiembre de 1998, se suscribe un nuevo anexo de contrato que modifica la cláusula primera del contrato original señalando que, en cuanto al lugar de trabajo, se traslada al actor a la faena denominada Perforaciones Collahuasi, reiterándose que es condición para la existencia y vigencia del contrato que el demandado sea contratista de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi;
f) Con fecha 4 de octubre de 2000, se suscribe otro anexo de contrato, disponiéndose que a contar de esa fecha se traslada al actor a la obra denominada Perforaciones Primaria Mina Refugio de la Compañía Minera Maricunga.
También, en este último anexo de contrato suscrito por las partes se expresó: Se deja expresamente establecido que las partes aceptan como condición esencial para la existencia y validez del presente contrato que las labores contratadas son de carácter temporal y que, a su vez, el empleador mantenga vigente su calidad de contratista con la Compañía Minera Maricunga de la faena de arriendo señalada precedentemente;
g) Con fecha 4 de noviembre de 2000, la demandada despidió al actor, invocándole la causal N5 del artículo 159 del Código Laboral, pues, en dicho mes, la Compañía Minera Maricunga cerró sus faenas y suspendió sus actividades extractivas.
Tercero: Que, en definitiva, la cuestión se reduce a dilucidar si corresponde otorgar la cláusula contractual, contenida en el último anexo de contrato, a que se hizo referencia, el alcance que le otorgó la entidad empleadora y si el actor pudo haber sido despido por la causal N5 del artículo 159 del Código del Trabajo, después de haber prestado servicios por más de cuatro años a la empresa.
Cuarto: Que la referida causal de terminación de contrato supone, implícitamente, una temporalidad en la prestación de los servicios; en otros términos y considerando el principio de la estabilidad relativa en el empleo, que recoge nuestra legislación, la citada causal supone una ausencia de continuidad en la labor que desarrolla el trabajador.
Quinto: Que todo lo concerniente a la terminación de la relación laboral se encuentra normado en el Título V del Libro I del Código del Trabajo, cuyo epígrafe es De la terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo. Ya este texto del Título señala que será criterio de la legislación la estabilidad en el empleo la que es consubstancial con los contratos de duración indefinida. En la reglamentación normativa tal estabilidad es la relativa, desde que el empleador puede obviar las consecuencias del despido injusto mediante el pago de las correspondientes indemnizaciones por años de servicios.
Sexto: Que el régimen de estabilidad relativa no desconoce, por cierto, algunas causales objetivas de terminación de contrato, como el vencimiento del plazo o la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, a cuyo advenimiento expira el vínculo contractual sin derechos indemnizatorios legales para el trabajador.
Séptimo: Que el legislador laboral, siempre en aras de la defensa de la estabilidad relativa en el empleo, ha consagrado situaciones específicas que denotan su repudio a la trasgresión del principio, como son por ejemplo, las establecidas en el N4 del artículo 159 del Código del ramo, inciso segundo y cuarto, en cuanto ellas consultan presunciones de transformación de contratos a plazo, incluso discontinuos, en contratos de duración indefinida, las que han sido establecidas por el legislador con el objetivo de evitar que los empleadores puedan eludir sus responsabilidades en materia de indemnizaciones por término de contrato.
Octavo: Que el Código del Trabajo, en relación con los contratos por obra o servicio determinado, no contempla, como en los a plazo, normas que regulen su transformación en contratos de duración indefinida.
Pero la ausencia de tales normas no obsta para que el intérprete pueda señalar los racionales límites temporales de los contratos por obra o servicio determinado o, eventualmente, su transformación en contrato de duración indefinida, en los casos particulares que puede conocer.
Compete que se señale lo anterior, pues, doctrinariamente y también conforme a nuestro derecho positivo, el principio de la continuidad de la relación laboral muestra, como una de sus manifestaciones, la preferencia por los contratos de duración indefinida, los que otorgan una mayor protección al trabajador, especialmente en el difícil momento del despido e inicio de una situación de desempleo.
A este último respecto, es útil señalar que una de las facetas jurídicas que la doctrina laboral ha advertido en las indemnizaciones por término de contrato es, justamente, que ellas cumplen el rol de una prestación por desempleo supletoria o complementaria de lo que pueda brindar al trabajador el Derecho Previsional. A esta misión de las indemnizaciones por despido aludió expresamente el Mensaje con que se acompañó por el Ejecutivo el Proyecto de la Ley Nque en la actualidad corresponde al ya citado Título V del Libro I del Código del Trabajo.
Además, el señalar tales limitaciones racionales se fundamenta, desde otro punto de vista, en la convi cción, cada vez más arraigada y generalizada, de que debe ser la duración real del trabajo, y no la voluntad de las partes, la determinante de la extensión en el tiempo del contrato (A. Pla R. Los Principios del Derecho del Trabajo, 3ed., 1998, pag. 225).
Noveno: Que debe concluirse que las actividades que pueden dar origen a que opere la causal del N5 del artículo 159 del Código Laboral, han de ser transitorias, temporales o de limitada duración, conclusión que es la que se aviene con la estabilidad a que se ha hecho referencia, lo cual no puede ser eludido por la vía de la autonomía contractual.
Ilustra la conclusión anterior, el precepto contenido en el artículo 305 del Código del Trabajo que alude a estos dependientes, prohibiéndoles negociar colectivamente y se refiere a ellos como los que se contraten exclusivamente para el desempeño de una obra o faena transitoria o de temporada.
Décimo: Que en el presente caso se suscribió por las partes, con fecha 28 de octubre de 1996 el contrato de trabajo que las ligó que consultaba una duración de 30 días, posteriormente prorrogada por otros 30 días y, en el segundo anexo de contrato, las partes convinieron en que el contrato se entenderá automáticamente terminado en la fecha que concluyan las faenas que le dieron origen y que se ha hecho referencia en la cláusula primera (del contrato).
En tal forma el trabajo que dio origen al contrato fueron los servicios que la empleadora prestaba a Perforaciones Mina el Tambo, para Compañía Minera El Indio S.A. y el despido se fundó, en definitiva, porque el empleador dejó de ser contratista de la Compañía Minera Maricunga. Ahora bien, los servicios que prestaba el trabajador al momento del despido no fueron los que dieron origen al contrato.
Podría ser admisible, advertir en esta relación laboral su carácter transitorio, en tanto el trabajador prestó servicios para la empleadora en la Compañía Minera El Indio S.A., pues, estos fueron los servicios que dieron origen al contrato, no obstante las modificaciones que tuvo, en cuanto a su vigencia.
Pero las diversas otras modificaciones que tuvo el contrato original, de que dan cuenta los anexos de contratos a que se ha hecho referencia, confor me a las cuales el actor debió trabajar para la demandada en la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y Compañía Minera Maricunga, han tenido como efecto jurídico el transformar, ya en forma definitiva, a este contrato en uno de duración indefinida.
Undécimo: Que, en esta forma, la cláusula contenida en el último anexo de contrato, de fecha 4 de octubre de 2000, transcrita en el considerando Nletra f), precedente, es nula de nulidad absoluta, ya que ello implica una renuncia del trabajador a su situación de estabilidad relativa, ya adquirida y a los eventuales derechos indemnizatorios, atendido lo dispuesto en el artículo 5 del Código del Trabajo, conforme al cual los derechos establecidos en las leyes laborales son irrenunciables.
Duodécimo: Que, a mayor abundamiento, corresponde analizar el alcance que tendrían las cláusulas contenidas en los últimos anexos de contrato que condicionan su existencia a la circunstancia de que el empleador mantenga vigente su calidad de contratista de las diversas empresas a que se ha hecho referencia.
La reiteración de estas cláusulas, en sucesivos anexos de contrato implican, para el trabajador, por lo antes dicho, una renuncia a un derecho irrenunciable; y para el empleador se produciría el efecto de eludir las obligaciones que le corresponden por término de contrato y dejar de asumir el riesgo de empresa que lleva aparejado, en relación con el pago de tales prestaciones. Pues, en efecto, una situación como la presente, en la que sustantivamente debe verse un despido sin causa o por necesidades de la empresa, con derechos indemnizatorios para el trabajador, se torna en una terminación de contrato conforme al N5 del artículo 159 del Texto Laboral, sin tales derechos. El empleador no puede dejar de asumir esta responsabilidad que le impone la normativa, interpretada conforme a los principios del Derecho del Trabajo y con arreglo al espíritu general de las normas laborales, de carácter protector, de contenido imperativo y de orden público.
Decimotercero: Que en el contexto referido, resulta entonces que el contrato de trabajo del actor no pudo sino estimarse como indefinido y al no decidirlo así los jueces del fondo infringieron el artículo 159 N5 del Código del Trabajo.
Las infracciones citadas tienen influencia sustanci al en lo dispositivo del fallo que las contiene e involucran un error de derecho que alcanza a su decisión, pues, si no se hubieren configurado habría tenido necesariamente que acoger la demanda, por lo que procede hacer lugar al recurso en examen.
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 767, 770, 771, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil y 463 del Código del Trabajo, se acoge el recurso de casación en el fondo, interpuesto a fojas 122, por el abogado del actor en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapo de veintiséis de febrero de dos mil dos, escrita a fojas 118, la que en consecuencia es nula y se la reemplaza por la que a continuación, pero separadamente se dicta.
Redacción del abogado integrante señor Patricio Novoa Fuenzalida.
Regístrese.
Sentencia de Reemplazo Corte Suprema
Santiago, dieciocho de julio de dos mil dos.
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, pero se suprimen los considerandos décimo a duodécimo.
Se reproducen los fundamentos segundo a duodécimo del fallo de casación que antecede.
Y se tiene, además presente:
Que según quedara asentado, el contrato de trabajo que ligó a las partes debió considerarse indefinido, por lo que no pudo operar, en la especie, la causal del N5 del artículo 159 del Código del Trabajo.
Por estos fundamentos y atendido lo dispuesto en el artículo 463 del Texto Laboral, se revoca la sentencia apelada de veintiséis de enero de dos mil dos, escrita a fojas 94 y siguientes, en cuanto rechazó la demanda de fojas 8 y se declara , en cambio, que se hace lugar a ella, debiendo la demandada pagar al actor la indemnización sustitutiva del aviso previo y la por años de servicios, recargada esta última en un 20%.
Las sumas sobre las que habrán de calcularse estas prestaciones son las indicadas en el libelo pretensor, no cuestionadas y deducidas de las liquidaciones rolantes a fojas 4 a 6, las que, además, devengarán reajustes e intereses en la forma preceptuada por el artículo 173 del Código del Trabajo.
No se condena en costas a la demanda por haber litigado con fundamento plausible.
Redacción del abogado integrante señor Patricio Novoa Fuenzalida.
Regístrese y devuélvase.
Nº 1.256-02

Corte Suprema 19.08.2002


Sentencia Corte Suprema
Santiago, diecinueve de agosto de dos mil dos.
Vistos:
En estos autos rol Nº 2.865-99 del Noveno Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, don Juan Fuentes Pino y doña Ana María Muñoz, deducen demanda en juicio ordinario laboral en contra de Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A..
Expresan haber ingresado a prestar servicios a la demandada, con fecha 1º de diciembre de 1993 y 1º de noviembre de 1992, en calidad de inspector de riesgos y administrativa de personal, respectivamente, calidad que mantuvieron en la compañía demandada hasta el 28 de abril del año 1999, en que fueron despedidos por la causal fijada en el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa; pero el día viernes 23 de abril del mismo año 1999, ante el ministro de fe Inspector del Trabajo, y con la asistencia de 40 trabajadores procedieron a constituir el "Sindicato Nacional de Trabajadores de Interempresa de Compañías de Seguros", resultando ellos electos como dirigentes sindicales, Fuentes como presidente y Muñoz como secretaria. Así, piden en definitiva y en resumen, que se declare que la empresa demandada ha actuado incurriendo en una practica antisindical, por lo cual corresponde aplicar una multa y, a la vez, piden en lo principal, la reincorporación inmediata a sus labores habituales, más el pago de sus remuneraciones y beneficios por todo el período que dure la separación laboral; en subsidio, solicitan el pago de la indemnización por años de servicios, más el dos años y seis meses de remuneración, como compensatoria del período sindical.
Contestando la demanda en sus aspectos de fondo, el abogado don N. Rodolfo Bock Bustamante, en representación de la empresa "Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.". Expresa que no ha existido el fuero que invocan los demandantes , pues la elección sindical se verificó con infracción a las normas que regulan las organizaciones sindicales y, en consecuencia, no procede la reincorporación ni pago alguno de prestación, por lo que pide el rechazo de la demanda en su petición principal y subsidiaria; así, los actores fueron despedidos validamente el 26 de abril de 1999, por la causal del artículo 161 del Código del Ramo.
Por sentencia de seis de diciembre de dos mil, escrita a fojas 163 y siguientes, en lo que nos interesa, se dio lugar a la demanda de fojas 38; Así, se declaró la nulidad del despido de los demandantes ocurrido el 26 de abril de 1999 y, por ende, se ordenó su reincorporación al trabajo y al pago de las remuneraciones por todo el tiempo que duró la separación; en subsidio y para el evento que la reincorporación no se llevara a efecto, se determinó una indemnización compensatoria, equivalente a la remuneración integra de los actores por todo el período que comprende el fuero sindical, más reajustes e intereses legales para el caso. Este mismo fallo, acogió la excepción opuesta por la compañía demandada, en cuanto los demandantes, además, pedían la aplicación de una multa, sustentada en practicas antisindicales.
Apelada dicha sentencia por la empresa Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A., una de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de ocho de enero del año en curso, escrita a fojas 213, la confirmó.
En contra de este último fallo el abogado don N. Rodolfo Bock Bustamante, por la parte demandada, dedujo recurso de casación en el fondo, fundado en que los jueces de mérito han conculcado la norma contenida en el artículo 225 del Código del Trabajo.
A foja 222, se ordenó traer los autos en relación.
Considerando:
Primero: Que el recurrente indica en su escrito que los sentenciadores, al emitir su resolución acogiendo la demanda de nulidad de los despidos de los actores y, en consecuencia, ordenar la reincorporación de ellos y el pago de remuneraciones durante el período de la separación, en razón de que a la fecha de imputarles la causal el empleador, dichos dependientes se encontraban gozando de fuero sindical, han vulnerado el artículo 225 del Texto Laboral.
Segundo: Que tal precepto ha sido transgredido por los falladores, sostiene la demandada, en razón de que la comunicación que da cuenta acerca de la constitución del sindicato y de su directorio, fue recepcionada por ella el mismo día en que se le puso término a los servicios a los actores; más aún, esta misiva no cumple con las exigencias impuestas en la norma antes indicada, pues no fue realizada por el directorio sindical, no expone los antecedentes que expliquen sobre la constitución del sindicato y su nomina de directores y, por último, no fue remitida por carta certificada.
Tercero: Que para resolver el asunto propuesto por la empresa recurrente, es del caso tener presente que el artículo 225 del Código Laboral, en sus incisos 1º y 3º a la data del despido, en lo que nos interesa, indicaban:
"El directorio sindical comunicará por escrito a la administración de la empresa la celebración de la asamblea de constitución y la nómina del directorio, el día hábil laboral siguiente al de su celebración..."
"..En el caso de los sindicatos interempresa, la comunicación a que se refieren los incisos anteriores deberá practicarse a través de carta certificada...".
Cuarto: Que en este mismo orden de ideas, corresponde tener en consideración que los jueces del grado, como se lee en la fundamentación decimonovena del fallo de primer grado, reproducido por el de segunda, han determinado como hechos del pleito, los siguientes:
"..Queda establecido en autos que los trabajadores enviaron a la empresa demandada la comunicación de la constitución del Sindicato de Trabajadores de Interempresa de Compañías de Seguros indicando además la nómina de la directiva con fecha 26 de abril de 1999, comunicación recepcionada por la demandada en la fecha indicada en el extremo superior derecho de dicho instrumento, esto es, con fecha 26 de abril de 1999."
Quinto: Que en mérito de lo antes expuesto, aparece que la única situación no cumplida por el naciente sindicato, dice relación con el envío de la carta certificada, dando cuenta de su constitución y la nómina de sus directores.
Sexto: Que tal carencia, no puede dar lugar al recurso en estudio porque, como ya se dijo y quedó expresamente fijado por los sentenciadores, la empleadora tomó un cabal y oportuno conocimiento tanto de la cons titución del sindicato y de sus dirigentes, lo cual importa el cumplimiento de la finalidad que el legislador pretendió al determinar que la administración de la empresa recibiera por carta certificada tales noticias.
Séptimo: Que en las condiciones antes anotadas, el recurso que se estudia no puede prosperar, pues como quedó en evidencia, los jueces han dado una plena y correcta aplicación, como en derecho correspondía, a la norma que la empresa "Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A.," denuncia como transgredida.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil y 463 del Código del Trabajo, no se hace lugar al recurso de casación en el fondo deducido por la demandada en lo principal de fojas 214 contra la sentencia de ocho de enero del año en curso, escrita a foja 213.
Regístrese y devuélvanse.
Nº 697-02.

12/9/08

Corte Suprema 28.01.2004


Sentencia Corte Suprema

Santiago, veintiocho de enero de dos mil cuatro.

VISTOS:

En estos autos rol 1832-96 del 8Juzgado Civil de Viña del Mar (hoy 3Juzgado Civil de esa ciudad), caratulados Dupré Diez, Marcelo con Provoste González, María Tegualda, sobre demarcación y cerramiento, por sentencia de once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, escrita de fs. 115 a 120, la juez titular de dicho tribunal rechazó la demanda. Apelada dicha resolución por el demandante, una Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por fallo de diez de septiembre de dos mil dos, la revocó y en su lugar acogió la acción deducida. En contra de esta sentencia la demandada dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación y, advirtiendo esta Corte la existencia de un posible vicio de casación en la forma, no se invitó a los abogados de las partes a alegar sobre el particular por no haber éstos concurrido a estrados.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el demandante solicitó en el petitium de su demanda de fs. 3 que se acogiera la acción deducida (de demarcación y cerramiento), a fin de que se fijen los límites de los inmuebles vecinos, de propiedad de demandante y demandado y, una vez establecido lo anterior, se ordene el cerramiento por el límite común, debiendo contribuir las partes a él, con costas. La sentencia de segundo grado, empero, para revocar la decisión de primer grado y acoger la demanda, razonó en su motivo 8que debía accederse a la demanda en los términos indicados en la pericia de fojas 96, prueba que concluye que el lote B (de la demandada) le tiene tomado al lote E (del actor) la superficie o área de 8,03 metros cuadrados.

SEGUN DO: Que por definición legal el vicio de ultra petita se produce cuando la sentencia otorga más de lo pedido por las partes o se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, o sea, como se ha dicho por esta Corte, cuando apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir.

TERCERO: Que en la especie la sentencia recurrida claramente ha incurrido en el vicio que se comenta desde que ha fallado una cuestión que no ha sido sometida a su decisión, alterando de esta manera el objeto pedido. Desde luego, si se concluye que la demandada ocupa materialmente parte del predio del demandado y que debe procederse a la demarcación en el sentido indicado en el referido peritaje, esto es, por la línea que el perito entiende que constituye el verdadero límite, se ha sentenciado, en realidad, un conflicto sobre el dominio de un retazo de 8,03 metros cuadrados, que es el que el perito dice que la demandada le tiene tomado al demandante. El objeto de la acción de demarcación, como lo ha dicho esta Corte, es únicamente practicar la delimitación e indicar en el terreno de manera visible las señales que ponen de manifiesto los límites de cada finca, que desde entonces quedan fijados y ciertos. En consecuencia, falla ultra petita la sentencia que, apartándose de lo solicitado en la demanda, resuelve acerca del dominio del retazo antes señalado.

CUARTO: Que el vicio anotado constituye la causal de casación formal establecida en el artículo 768 Nº 4º del Código de Procedimiento Civil y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 775 del mismo texto legal, se anulará de oficio la sentencia recurrida.

Y visto, además, lo dispuesto en el inciso final del artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, actuando de oficio esta Corte, se invalida la sentencia de diez de septiembre de dos mil dos, escrita de fs. 166 a 168, la que se reemplaza por la que se dicta, separadamente, a continuación.

Atendido lo resuelto, se tiene por no interpuesto el recurso de casación en el fondo deducido a fs. 174.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Ortiz.

Regístrese.

Rol Nº 4086-02.

Pronunciad o por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Alvarez G., Eleodoro Ortiz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A., y Domingo Kokisch M..

No firma el Ministro Sr. Kokisch, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicios.

Autorizado por la Secretaria Sra. Marcela Urrutia Cornejo.

Sentencia de Reemplazo Corte Suprema

Santiago, veintiocho de enero de dos mil cuatro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

De la sentencia en alzada se elimina su razonamiento decimocuarto.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1 Que de la prueba analizada se concluye que los predios de las partes están físicamente delimitados por una cerca de madera, en la forma que se aprecia en las fotografías de fs. 88 a 90 vta., empalizada que se levantó con fecha anterior a la de inicio de este juicio.

2 Que, en consecuencia, es improcedente la acción de demarcación si en la actualidad el deslinde entre los predios está fijado por signos aparentes, pues dicha acción tiene como presupuesto el desconocimiento del límite que separa los respectivos inmuebles por no existir signos aparentes que lo demuestren.

3 Que si el actor pretende que dicho cerco está emplazado en terreno que le pertenece, o sea, que la demandada posee materialmente una porción de terreno que forma parte de su predio y dicha demandada, a su vez, entiende que lo delimitado por el cerco es de su propiedad, no es la acción de demarcación la que solucionará el conflicto pues ésta resulta improcedente si envuelve una cuestión de dominio.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia de once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, escrita de fs. 115 a 120.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Ortiz.

Regístrese y devuélvase.

Nº 4086-02.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Alvarez G., Eleodoro Ortiz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A., y Domingo Kokisch M..

No firma el Ministro Sr. Kokisch, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicios.

Autorizado por la Secretaria Sra. Marcela Urrutia Cornejo.

Corte Suprema 06.10.2003


Sentencia Corte Suprema

Santiago, seis de octubre de dos mil tres.

VISTOS:

En estos autos rol 38.818 del 2Juzgado Civil de Temuco, sobre tercería de dominio interpuesta por la Sociedad Inmobiliaria San Francisco Limitada en contra de las partes del juicio ejecutivo caratulado Henríquez Burgos Jorge con Galleguillos Soto, Guillermo Enrique, por sentencia de 5 de agosto de 2000, el juez titular de dicho tribunal acogió la tercería. Apelada esta resolución por el ejecutante don Jorge Henríquez Burgos, una Sala de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, el 10 de septiembre de 2002, la confirmó sin modificaciones. En contra de esta última sentencia, el referido ejecutante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para una adecuada inteligencia del recurso en estudio, deben tenerse presente las siguientes circunstancias del proceso: a) en el juicio ejecutivo seguido por don Jorge Henríquez Burgos en contra del señor Guillermo Galleguillos Soto, se despachó mandamiento de ejecución por la suma de $20.000.000, ordenándose embargar, en caso de no pagarse dicha cantidad, el inmueble de propiedad del demandado denominado Lote Uno-B de una superficie de 2.812,022 metros cuadrados, resultante de la subdivisión de un retazo de media hectárea, el que a su vez forma parte de un inmueble de mayor extensión denominado Lote B, ubicado en Botrolhue, comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Novena Región, inscrito a fs. 4.869 vta. Nº 4.478 del Registro de Propiedad de 1997 del Conservador de Bienes Raíces de Temuco; b) este inmueble había sido comprado por el ejecutado a don Marcelo Galleguillos Díaz, mediante escritura pública de 9 de julio de 1997; c) por certifi cado de subdivisión Nº 38/97 de 12 de septiembre de 1997, de la Dirección de Obras Municipales de Temuco, plano y memoria explicativa correspondientes y aprobadas por dicha Dirección, se modificó y/o reemplazo la anterior subdivisión, quedando sin efecto el certificado Nº 2 4/97; d) por consiguiente, el lote resultante de la subdivisión predial que se vendió por don Marcelo Galleguillos Díaz a Guillermo Galleguillos Soto, quedó identificado en estos antecedentes como Lote Uno-A de 2.993,35 metros cuadrados; e) por escritura pública de 22 de enero de 1998, los señores Marcelo Galleguillos Díaz y Guillermo Galleguillos Soto, con los antecedentes modificatorios o de reemplazo ya señalados, rectificaron la escritura pública de compraventa de 9 de julio de 1997 en el sentido que el inmueble que fue objeto de la venta es el lote Uno-A de 2.993,35 metros cuadrados y no el lote Uno-B de 2.812,022 metros cuadrados, dejándose constancia que la rectificación forma parte integrante de la escritura pública rectificada, o sea, no constituye un nuevo título; f) por escritura pública de 23 de enero de 1998, esto es, al día siguiente de la escritura de rectificación, don Guillermo Galleguillos Soto vendió a la Sociedad Inmobiliaria San Francisco Limitada (la tercerista) el referido Lote Uno-A de 2.993,35 metros cuadrados, escritura que fue ingresada al Conservador de Bienes Raíces el 30 de enero de 1998, conjuntamente con la rectificatoria a que se hizo referencia en la letra e) precedente, anotándose en el Repertorio bajo el Nº 2 .401; g) por observaciones que se formularon, se retiraron de dicho oficio ambas escrituras, con el objeto de insertar en ellas el certificado de asignación de rol de avalúos en el trámite respectivo del Lote Uno-A, documento exigido por el Servicio de Impuestos Internos; h) el embargo sobre el inmueble antes llamado Lote Uno-B, hoy Uno-A, se trabó el 14 de febrero de 1998, inscribiéndose en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco el 16 del mismo mes y año, como consta de fs. 3 del cuaderno de apremio; i) el 25 de febrero de 2001 el tercerista cumplió con la exigencia de insertar en la escritura pública de rectificación y en la de compraventa, de 22 y 23 de enero de 1998, respectivamente, el certificado de asignación de rol de avalúos, re ingresando ambos documentos al Conservador, quien se negó a practicar la subinscripción de la rectificación y la inscripción de la compraventa aduciendo no corresponder la individualización del predio al título anterior y por afectar al antiguo Lote Uno-B el embargo inscrito el 16 de febrero de 1998; j) el tercerista, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 18 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, recurrió al Primer Juzgado Civil de Temuco, el que por resolución de 8 de abril de 1998, ordenó al Sr. Conservador practicar la subinscripción y la inscripción antes mencionadas; k) dichos títulos fueron anotados nuevamente en el Repertorio, esta vez bajo el Nº 5.802, el 9 de abril de 1998 y se practicó la inscripción a favor de la sociedad tercerista el 22 del mismo mes y año; y l) la sentencia de primera instancia, confirmada sin modificaciones por la de segundo grado, acogió la tercería razonando en orden a que el embargo, inscrito el 16 de febrero de 1998, no pudo legalmente enervar el derecho del que primero anotó su título en el Repertorio el 30 de enero del mismo año, conforme lo dispone el artículo 17 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces.

SEGUNDO: Que el recurrente sostiene que la sentencia, al acoger la tercería de dominio, ha cometido un primer error de derecho al infringir el artículo 15 inciso final del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, por no haberse aplicado, pues la anotación en el Repertorio de 30 de enero de 1998 nunca llegó a convertirse en inscripción y, por consiguiente, caducó a los dos meses, a saber, el 30 de marzo de 1998.

Luego, afirma el recurrente que se ha cometido un segundo error de derecho al conculcar la sentencia el artículo 17 del referido Reglamento, por cuanto la anotación de la compraventa entre el demandado y el tercerista que luego se convirtió en inscripción fue la que se practicó el 9 de abril de 1998, de manera que la inscripción a nombre del tercerista, de 22 de ese mes, surte sus efectos desde aquella data y no desde el 30 de enero de 1998, como erradamente lo sostiene la sentencia.

Por último, en un tercer capítulo de casación, se señala que el fallo ha estimado dueña a la tercerista del Lote Uno-A en circunstancias que el inmueble era de propiedad del Sr. Galleguillos Soto, dueño del Lote Un o-B, embargado desde el 16 de febrerode 1998, el que no puede ser sustituido en perjuicio de los acreedores ni ser válidamente vendido a la tercerista.

TERCERO: Que como se ha dicho por esta Corte, las anotaciones presuntivas no pueden renovarse, pues ningún precepto del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces lo autoriza por lo que, tratándose el inciso 2del artículo 15 del citado Reglamento de una norma imperativa, que manda que caduquen las anotaciones presuntivas en el plazo de dos meses si no se convierten en inscripción, la anotación a que se hizo referencia en la letra f) del considerando primero de este fallo, practicada el 30 de enero, caducó el 30 de marzo, ambas fechas de 1998, de suerte que el embargo inscrito el 16 de febrero de ese mismo año surtió todos sus efectos pues fue trabado cuando aún no se había efectuado la tradición, lo que ocurrió sólo el 9 de abril de 1998, al anotarse el título nuevamente en el Repertorio bajo el Nº 5.802, practicándose la inscripción a favor de la sociedad tercerista el 22 del mismo mes y año.

CUARTO: Que, por tanto, la sentencia, al acoger la tercería de dominio, ha cometido el primer error de derecho que denuncia el recurrente, precisamente por infracción al inciso 2del artículo 15 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, pues sólo si la inscripción ha podido legal y válidamente efectuarse, surtirá todos sus efectos de tal desde la fecha de la anotación y, ya se ha visto, la primitiva anotación de 30 de enero de 1998, nunca derivó en inscripción. Este error ha llevado a los jueces del mérito a acoger la tercería de dominio que, de no haberse cometido, habrían concluido que dicha tercería debía desestimarse.

QUINTO: Que en cuanto a los otros dos capítulos de casación, sólo resta razonar que estos están ligados íntimamente al primer error de derecho señalado por el recurrente, de manera que, existiendo éste, necesariamente la sentencia también yerra en las otras dos formas denunciadas en el recurso.

SEXTO: Que, en estas condiciones, el recurso de casación en el fondo en estudio, debe ser aceptado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 765 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido a fs. 112 por el aboga do Hugo Ormeño Melet, en representación de don Jorge Henríquez Burgos, en contra de la sentencia de diez de septiembre de dos mil dos, escrita a fs. 111, la que se invalida y reemplaza por la que se dicta, separadamente, a continuación.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Kokisch.

Regístrese.

Nº 4032-02.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Alvarez G., Eleodoro Ortíz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A. y Domingo Kokisch M.

No firma el Ministro Sr. Alvarez G. no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicios.

Sentencia de Reemplazo Corte Suprema

Santiago, seis de octubre de dos mil tres.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce de la sentencia en alzada su parte expositiva, sus considerandos, con excepción de los motivos undécimo y duodécimo, que se eliminan, y sus citas legales.

Se reproducen, asimismo, los razonamientos primero -con excepción de su letra l) - y tercero del fallo de casación que antecede.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

1Que interpretando correctamente el inciso 2del artículo 15 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, cabe concluir que sólo si la inscripción ha podido legal y válidamente efectuarse, surtirá todos sus efectos de tal desde la fecha de la anotación.

2Que, en la especie, la primitiva anotación de 30 de enero de 1998 nunca derivó en inscripción y caducó, de acuerdo con la norma citada en el motivo anterior, el 30 de marzo de 1998. El embargo, por su parte, se trabó el 16 de febrero de ese año, o sea, antes que se efectuara la tradición del bien raíz, lo que sólo se produjo, después de así haberse ordenado por resolución judicial, el 9 de abril de 1998, fecha de la nueva anotación en el Repertorio, que derivó en la inscripción a favor del tercerista el 22 del mismo mes y año.

3Que, en consecuencia, la tercería no puede ser acogida.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de cinco de agosto de dos mil, escrita de fs. 87 a 95 vuelta y en su lugar se declara que se rechaza la tercería de dominio deducida a fs. 37 por la Sociedad Inmobiliaria San Francisc o Limitada, sin costas por haber tenido la tercerista motivos plausibles para litigar.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Kokisch.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Nº 4032-02.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Alvarez G., Eleodoro Ortíz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A. y Domingo Kokisch M.

No firma el Ministro Sr. Alvarez G. no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicios.

Corte Suprema 06.08.2003


Sentencia Corte Suprema

Santiago, seis de agosto de dos mil tres.

VISTOS:

En estos autos rol 85.167 del Primer Juzgado Civil de Temuco, caratulados Rivas Kriechbaum, Francisco con Krause Niclas, Josef, por sentencia de veinte de enero de dos mil, el juez suplente de dicho tribunal rechazó la demanda principal y acogió la reconvencional. Apelada esta resolución por el actor, la Corte de Apelaciones de esa ciudad, con fecha once de septiembre de dos mil dos, la confirmó sin modificaciones. En contra de esta sentencia, el demandante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para la adecuada inteligencia del recurso en estudio, deben tenerse presente las siguientes circunstancias del proceso: a) por escritura pública de 27 de abril de 1995, el actor compró al demandado un inmueble ubicado en Los Jardines N0335, Temuco, pactándose un precio de $36.500.000, quedando un saldo pendiente de pago de $13.080.300; b) el mismo 27 de abril de 1995 el actor dio en arrendamiento al demandado el inmueble antes señalado por una renta mensual de $180.000, reajustable cada tres meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor; c) el demandado no pagó las rentas desde agosto de 1995 por lo que fue demandado por su arrendador de terminación de contrato de arrendamiento y pago de rentas ante el Primer Juzgado Civil de Temuco, en causa rol 74.307, juicio que terminó por conciliación de 7 de mayo de 1997, que se lee a fs. 44 de dicho expediente, mediante la cual la demandada, esto es, don Josef Krause Niclas, se obligó a entregar el inmueble, a más tardar, el día 30 de junio de 1997, debiendo el actor pagar al referido Sr. Krause como saldo de precio por la com praventa antedicha la suma única y total de $7.020.000, a la cual se le imputó, vía compensación, las rentas de arrendamiento cobradas en autos, hasta el día de la entrega de la propiedad; d) el Sr. Francisco Rivas Kriechbaum, en estos autos, dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra de su vendedor y arrendatario por cuanto éste no cumplió con su obligación de restituir el inmueble en la fecha indicada; e) el demandado dedujo acción reconvencional solicitando que, de acuerdo al artículo 2458 del Código Civil, se rectifique la transacción aludida en la letra c) precedente, en el sentido que lo que el actor debe pagarle es la suma de $9.530.004, pues esa es la cantidad que resulta de restar al saldo de precio adeudado el monto de las rentas impagas; y f) el tribunal de primer grado, por sentencia definitiva confirmada sin modificaciones por la Corte de Apelaciones, desechó la demanda principal y acogió la reconvencional, ordenando la rectificación del cálculo en la forma demandada.

SEGUNDO: Que el recurrente entiende que la sentencia de segundo grado, al confirmar la de primera instancia y acoger la demanda reconvencional, ha cometido error de derecho al infringir el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, agrega, en la conciliación se determinó que su parte pagaría al demandado $7.020.000, lo que cumplió cabalmente y que éste restituiría el inmueble el 30 de junio de 1997, obligación que no cumplió, entregando el inmueble recién un año y medio después. Esta conciliación terminó un litigio pendiente y, en consecuencia, se aplica el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil de modo que sólo con error de derecho -continúa el recurrente- pudo el fallo corregir la antedicha conciliación, la que tiene el carácter de sentencia firme. Además, ninguna base de cálculo contiene la conciliación por cuanto no descansa en cálculos aritméticos.

TERCERO: Que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil señala que De la conciliación total o parcial se levantará acta, que consignará sólo las especificaciones del arreglo; la cual suscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se estimará como sentencia ej ecutoriada para todos los efectos legales.

CUARTO: Que, en consecuencia, si la conciliación de fs. 44 del expediente rol 74.307 del 1Juzgado Civil de Temuco, tenido a la vista, sólo refiere que el Sr. Rivas debe pagar a don Josef Krause la suma de $7.020.000, debe ello estimarse como si hubiere sido ordenado por una sentencia definitiva, de modo que no pudieron los jueces del mérito, sin cometer el error de derecho denunciado, aplicar la norma del artículo 2458 del Código Civil para corregir el supuesto error de cálculo, pues dicha disposición está referida a la transacción, esto es, al contrato definido en el artículo 2446 del Código Civil y no a la conciliación que se produce en el juicio, de conformidad con las disposiciones de los artículos 262 a 268 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, aún en el evento que dicha disposición fuere aplicable al caso sub lite, que no lo es, tampoco podría corregirse la conciliación referida, toda vez que ésta no contiene ningún dato aritmético que permita sostener a los jueces del fondo que ha habido un error de cálculo; como está dicho, sólo señala la obligación de pagar una parte a la otra $7.020.000, sin expresar datos numéricos que las haya llevado a dicha cifra. Mal pueden los jueces de las respectivas instancias, en consecuencia, ordenar corregir tal conciliación.

SEXTO: Que, por lo antes razonado, se acogerá el recurso deducido.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de fs. 129 por el abogado don Ángel Rodrigo Figueroa Espinosa, en representación del Sr. Francisco Rivas Kriechbaum, en contra de la sentencia de once de septiembre de dos mil dos, la que se invalida y reemplaza por la que se dicta, separadamente, a continuación.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Tapia.

Regístrese.

Nº 4008-02.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Álvarez G., Enrique Tapia W. y Jorge Rodríguez A. y Abogados Integrantes Sres. René Abeliuk M. y Oscar Carrasco A.

No firma el Abogado Integrante Sr. Abeliuk, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.

Sentencia de Reemplazo Corte Suprema


Santiago, seis de agosto de dos mil tres.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento 10que se elimina.

Se reproduce, asimismo, el considerando tercero de la sentencia de casación que antecede.

Y se tiene además, presente:

1Que mediante la interposición de su demanda reconvencional, el Sr. Josef Krause Niclas pretende que se corrija la conciliación celebrada con el actor y demandado reconvencional, en el sentido que la suma de dinero que éste debe pagarle asciende a $9.530.004 y no $7.020.000 como se estipuló.

2Que de acuerdo a la norma del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, si la conciliación de fs. 44 del expediente rol 74.307 del Primer Juzgado Civil de Temuco, tenido a la vista, sólo expresa que el Sr. Rivas debe pagar a don Josef Krause la suma de $7.020.000, debe ello estimarse como si hubiere sido ordenado por una sentencia definitiva y no cabe corrección de ninguna naturaleza. Ese fue el acuerdo de las partes y no procede revisión de ninguna especie.

3Que la norma del artículo 2458 del Código Civil, en la cual el actor reconvencional funda su pretensión de corregir el supuesto error de cálculo de la conciliación, no es aplicable a la especie, pues dicha disposición está referida a la transacción, esto es, al contrato definido en el artículo 2446 del Código Civil y no a la conciliación que se produce en el juicio de conformidad con las disposiciones de los artículos 262 a 268 del Código de Procedimiento Civil.

4Que, a mayor abundamiento, tampoco podría corregirseconciliación referida, toda vez que ésta no contiene ningún dato aritmético que permita sostener a los jueces del fondo que ha habido un error de cálculo; como está dicho, sólo señala la obligación de pagar una parte a la otra $7.020.000, sin expresar datos numéricos que las haya llevado a dicha cifra. Mal se podría, en consecuencia, corregir tal cantidad.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 144 y 186 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia de veinte de enero de dos mil, escrita de fs. 59 a 63, en cuanto acogía la demanda reconvencional deducida en el primer otrosí de la presentación de fs. 18 y en su lugar se declara que se la rechaza, con costas. Se confirma en lo demás, la referida sentencia.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Tapia.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Nº 4008-02.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Álvarez G., Enrique Tapia W. y Jorge Rodríguez A. y Abogados Integrantes Sres. René Abeliuk M. y Oscar Carrasco A.

No firma el Abogado Integrante Sr. Abeliuk, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.

Corte Suprema 06.11.2002


Sentencia Corte Suprema

Santiago, veintiséis de noviembre del año dos mil dos.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos Cuarto a Octavo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar, además, presente:

1º) Que la Isapre Vida Tres S.A., recurrida en estos autos, fundó su decisión de poner término al contrato de salud suscrito con doña Viviana Isabel Salinas Delgado con fecha 28 de septiembre del año dos mil uno, en el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Título Noveno Nº 21, letra d) del respectivo contrato de salud, consistente en no declarar antecedentes de Dermoides izquierdo operado en 1998, según consta en informe médico del Dr. Hugo Muster Orellana de fecha 16 de mayo de 2002, según se consigna en el propio libelo que contiene el recurso, de fs. 12;

2º) Que al informar la recurrida, expone que el artículo 21 letra f) del contrato suscrito con la recurrente, establece que Además de las obligaciones que la naturaleza del presente contrato le imponen al cotizante, éste queda especialmente obligado, tanto por sí mismo como por beneficiarios de su contrato, a: ... d) Declarar todas las patologías y enfermedades preexistentes, diagnosticadas médicamente a la fecha de suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en la letra f) del artículo 10 e incorporar en ella la información relativa al embarazo de alguna beneficiaria. Añade que el artículo 10 letra f) del mismo contrato se refiere a la exclusión de cobertura por los plazos legales en caso de enfermedades preexistentes no declaradas. En cuanto a la terminación del contrato, prosigue el recurrido, el artículo 15 del mismo dispone que La Isapre podrá poner término de inmediato al presente contrato, lo que comunicará por escrito al cotizante dentro del plazo de 180 días. Concluye afirmando que se encuentra facultada tanto en la Ley como en el contrato de salud celebrado con la actora, para ponerle término anticipado y en forma unilateral. El contrato en mención, por lo demás, fue agregado a los autos;

3º) Que cabe manifestar que el artículo 40 de la Ley Nº 18.933 dispone que Cuando el cotizante incurra en incumplimiento de las obligaciones contractuales, la institución podrá poner término al contrato comunicando por escrito la decisión al cotizante.... Indudablemente de tal norma arranca la facultad de la recurrida para poner término anticipado al contrato de que se trata, esto es, existe un fundamento legal.

Por otro lado, el artículo 33 del citado texto legal preceptúa que Para el otorgamiento de las prestaciones y beneficios de salud que norma esta ley, las personas indicadas en el artículo 29 deberán suscribir un contrato con la institución de Salud Previsional que elijan. En este contrato, las partes podrán convenir libremente el otorgamiento, forma, modalidad y condiciones de las prestaciones y beneficios de salud, debiendo estipular en términos claros, al menos lo siguiente:... para luego, en la letra f) consignar: Restricciones a la cobertura. Ellas sólo podrán estar referidas a enfermedades preexistentes declaradas, por un plazo máximo de dieciocho meses, contado desde la suscripción del contrato y tendrán la limitación establecida en el inciso primero del artículo 33 bis. La letra g), por su parte, exige estipulación precisa de las exclusiones;

4º) Que, por otro parte, el artículo 38 de la Ley de que se trata, previene que los contratos a que se refiere el artículo 33 deberán ser pactados por tiempo indefinido y no podrán ser dejados sin efecto durante su vigencia, s ino por incumplimiento de las obligaciones contractuales o por mutuo acuerdo.

Revisado el contrato respectivo, en lo que se estima infringido, estipula precisamente lo que ya se consignó. En la especie, reiterando, se trataría de la no declaración de la patología denominada Dermoides izquierdo operado en 1998.

La institución recurrida manifiesta que la Sra. Salinas suscribió una declaración de salud, en la que sólo mencionó como enfermedades preexistentes la de cesárea por embarazo gemelar el 14 de abril de 1998, indicando, bajo fe de juramento, que la información proporcionada era completa y verdadera;

5º) Que, asimismo, el informe anota que la recurrente, en el mes de junio del año en curso, solicitó presupuesto para oferoctomía por diagnóstico de Tu Ovario Derecho Señalando en la Anamnesis: Operada Demoides Izqdo. 1998. Actualmente Tu Ovario Derecho de iguales características. Se adjuntó, señala la recurrida, un informe de Ecotomografía Transvaginal de 23 de marzo último, cuya conclusión consigna estructura quística anexial derecha. Nota. Por antecedente considerar probable teratoma;

6º) Que en virtud de tratarse de la terminación de un contrato por no haber declarado una enfermedad o patología preexistente, esto es, que existió o existía antes de celebrarse el contrato, parece prudente y aconsejable establecer lo que se ha de entenderse por enfermedad, y es así como el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, precisa que constituye Una alteración más o menos grave de la salud.

Al respecto la recurrente pretende que lo que exige el legislador es que se declaren las enfermedades o patologías esto es, las alteraciones más o menos graves de la salud- que el cotizante está padeciendo y que no han sido tratadas al momento de la suscripción del contrato, siempre y cuando cuenten con diagnóstico médico. Estima que a la época de suscribir el contrato, se encontraba médicamente sana, ya que el dermoides izquierdo fue extirpado el año 1998, por lo que había desaparecido la patología en cuestión.

Lo anterior no hace sino confirmar lo sostenido por la recurrida, en orden a que dicha enfermedad que l o es al tenor de la definición que se estampó- no fue declarada en el contrato suscrito y su importancia es tal, que la dolencia de que se trata se repitió, pero ahora, en el ovario colateral de la actora;

7º) Que reviste importancia para la adecuada resolución del problema, aludir al inciso segundo del artículo 33 bis de la Ley Nº 18.933, ya referida, en aquella parte que expresa que no podrá convenirse exclusión de prestaciones, mencionándose varias, para luego consignar las enfermedades preexistentes no declaradas en los términos del inciso quinto de este artículo..., puesto que de ello se trata en el presente caso. Dicho inciso expresa que Para los efectos de esta ley, se entenderán que son preexistentes aquellas enfermedades o patologías que hayan sido conocidas por el afiliado y diagnosticadas médicamente con anterioridad a la suscripción del contrato o a la incorporación del beneficiario, en su caso;

8º) Que igualmente resulta trascendente definir qué es lo que se debe entender por enfermedades diagnosticadas médicamente, ya que el otro requisito copulativo, de que las dolencias hayan sido conocidas por el afiliado es un problema de hecho y que por cierto es susceptible de prueba. El Diccionario de la Lengua, ya mencionado, entiende por diagnosticar Determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos. Por diagnóstico entiende el mismo texto Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos, y también Calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte;

9º) Que de lo expuesto a esta altura se colige que los términos utilizados por el artículo 33 bis de la Ley Nº 18.933 son de gran relevancia para establecer si la recurrida actuó o no correctamente al poner término al contrato ya referido. Según se expresó, se exige estar en presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente, esto es, debe satisfacerse un requisito de naturaleza técnica o profesional, puesto que no cualquier diagnóstico o síntoma puede ser tomado en consideración, sino aquéllos diagnosticados por un médico, lo que en la especie precisamente ha ocurrido, puesto que la afiliada omitió en su declaración, incluir una patología, grave por lo demás, incurriendo con ello precisamente en una vulneración del contrato. No se trata en la materia de la simple presencia de síntomas de algún tipo, sino que de una dolencia que fue tratada médicamente e intervenida quirúrgicamente, y que debió declararse en el momento de afiliarse, atendida la relevancia de la misma y el escaso tiempo transcurrido desde que la situación descrita ocurrió. Lo anterior adquiere mayor relevancia si se toma en consideración que la dolencia que se le presentó después de su afiliación es similar, con la única diferencia que la que antecedió afectó su ovario izquierdo y la posterior, el derecho;

10º) Que, acorde a lo reflexionado, al obrar del modo como lo ha hecho la recurrida, no ha actuado ni ilegal ni arbitrariamente porque se ha atenido a los términos, muy claros por lo demás, de la normativa contenida en la ley examinada, y porque se advierte una efectiva y clara vulneración del contrato al que se ha puesto fin;

11º) Que lo anteriormente concluido hace innecesario el análisis de los derechos constitucionales que se han invocado, dada la inexistencia de una actuación arbitraria o ilegal, y ello entonces conduce al rechazo del recurso.

De conformidad, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se revoca la sentencia apelada, de veinticinco de septiembre último, escrita a fs. 74, y se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de la presentación de fs. 12.

Acordada contra el voto de la Ministra Srta. Morales y del Ministro Sr. Oyarzún, quiénes estuvieron por confirmar la referida sentencia, teniendo presente, además de lo señalado en las motivaciones cuarta a octava del fallo que se revisa y que los disidentes comparten, las siguientes argumentaciones:

A) .- Que a lo consignado en las consideraciones quinta y sexta de la sentencia recurrida, cabe agregar a título de mayor abundamiento, que en el evento de estimarse que la patología que dio lugar al término unila teral del contrato de salud de la recurrente, por parte de la Isapre Vida Tres, era de las consideradas preexistentes, lo cierto es que, en concepto de quienes disienten, su falta de declaración en el contrato de salud no es causa que autorice a la entidad de salud previsional a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 38 de la Ley Nº 18.933 para ponerle término asilándose en el incumplimiento de obligaciones contractuales;

B) .- Que, en efecto, el artículo 33 bis de la ley citada, cuyo texto fue sustituido por la Ley Nº 19.381 de 5 de mayo de 1995, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 1º Nº 12, establece en su inciso 2º lo siguiente: ...no podrá convenirse exclusión de prestaciones, salvo aquellas referentes a,... enfermedades preexistentes no declaradas en los términos del inciso quinto de este artículo.

En dicho inciso quinto, se estatuye: Sin perjuicio de lo anterior, transcurrido un plazo de cinco años, contado desde la suscripción del contrato o desde la incorporación del beneficiario, en su caso, la Institución deberá concurrir al pago de prestaciones por enfermedades preexistentes no declaradas, en los mismos términos estipulados en el contrato para prestaciones originadas por enfermedades no preexistentes cubiertas por el plan, a menos que respecto de las primeras, la Institución probare que la patología preexistente requirió atención médica durante los antedichos cinco años y que el afiliado a sabiendas la ocultó a fin de favorecerse de esta disposición legal;

C) .- Que el Instituto requerido incluyó en el título noveno del contrato de salud, dentro de las obligaciones que debe cumplir el cotizante y/o beneficiario, (artículo 21 letra d), la de Declarar todas las Patologías y enfermedades preexistentes diagnosticadas médicamente..., y en la cláusula décima, letra f) del mismo contrato, contempló la exclusión de toda bonificación a las atenciones, `prestaciones de salud y beneficios aún cuando se consignen en el arancel que corresponda, respecto de las enfermedades preexistentes no declaradas, cuyo carácter especifica de conformidad a lo previsto en el artículo 33 bis inciso 4º de la Ley ya citada. Señala a continuación: Esta exclusión podrá ser de carácter transitorio en la medida que se cumplan los plazos y condiciones establecidas en la normativa legal;

D) .- Que así las cosas, tanto en la ley como en el contrato se otorga a las enfermedades preexistentes no declaradas un trato especial, cual es el que, transcurrido cierto lapso a partir de la suscripción del contrato, caduca la exclusión de las prestaciones convenidas para ese tipo de patologías, a menos, como ya se dijo al reproducir la norma pertinente, que la Institución probare que el beneficiario, a sabiendas requirió atención médica ocultando la preexistencia a objeto de favorecerse;

E) .- Que la señalada circunstancia excluye per se, como causal de término del contrato, la omisión en la declaración a que el beneficiario está obligado, de alguna enfermedad preexistente, toda vez que, tanto en la ley como en el contrato, tal situación tiene un trato especial, con los efectos específicos ya señalados. El hecho de que el contrato, al referirse a las causales de su término anticipado, haya señalado en su cláusula 25 entre las obligaciones contractuales del cotizante que darían lugar, la de declarar las patologías y enfermedades preexistentes diagnosticadas médicamente, resulta contradictorio con el manejo que se le otorga a dicha situación en su cláusula décima letra f), en la que por lo demás reproduce los términos de la ley, de modo que el intérprete debe necesariamente remitirse a las normas sobre interpretación de los contratos, a fin de extraer su exacto sentido;

F) .- Que el artículo 1566 del Código Civil al tratar de la interpretación de los contratos, señala, en su inciso 2º, que las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, como sucede en la especie respecto del Instituto recurrido, se interpretarán contra ella, disposición que en la situación de que se conoce, cobra mayor fuerza por tratarse de un contrato de salud previsional, regido por una ley dictada en resguardo del derecho de los individuos a acceder a una instancia privada de protección y recuperación de la salud, y a su rehabilitación, propendiendo a hacer efectivo el mandato constitucional contenido en el artículo 19 Nº 9 de la Carta fundamental, por lo que se aparta de la real intención y espíritu de la ley citada, claramente manifestada en ella misma; y

G) .- Que lo razonado no se contrapone co n la facultad otorgada por la ley a los Institutos Previsionales de Salud para poner término unilateralmente al contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales del cotizante (artículo 40), por cuanto, tal como se ha consignado, entre las obligaciones contraídas por el cotizante o beneficiario, tiene un trato y efecto diverso la omisión en la declaración de enfermedades preexistentes médicamente diagnosticadas, trato y efecto que se apartan del que produce el incumplimiento del resto de las obligaciones impuestas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Ministro Sr. Yurac y de la disidencia la Ministra Srta. Morales.

Rol Nº 4.002-2.002.

Corte Suprema 03.07.2003


Sentencia Corte Suprema

Santiago, tres de julio de dos mil tres.

Vistos:

A fojas 9, don Hernán Romero Castro, abogado, domiciliado en calle Thompson Nº 153, de Arica, en representación de don Toribio Mamani Apaza, agricultor, domiciliado en Valle de Azapa, Kilómetro 16, Parcela San Antonio, de Arica, solicita que se conceda el exequatur necesario para cumplir en Chile la sentencia dictada por el Juzgado de Partido en lo Civil-Comercial de Quillacollo, Cochabamba, Bolivia, de fecha 8 de enero de 1993, dictada dentro del Proceso ordinario de rectificación de apellido paterno, interpuesta por el solicitante contra presuntos interesados, con el objeto de subinscribir dicha rectificación de apellido paterno en la inscripción de nacimiento Nº 3.553, del año 1972, de la circunscripción de Arica, correspondiente a don Rodrigo Robin Mamani Pocori, y en la inscripción de nacimiento Nº 1825, del año 1971, de la circunscripción de Arica, correspondiente a don Friedrich Renard Mamani Poconi.

Se ordenó dar conocimiento de la solicitud a doña Secundina Poconi Zárate o Secundina Pocori Zárate, a don Friedrich Renard Mamani Poconi, y a don Rodrigo Robin Mamani Pocori, estos dos últimos se dieron por notificados, manifestando que la solicitud les favorece.

Respecto de doña Secundina Poconi o Pocori Zárate, se acompañó certificado de defunción, hecho acaecido el 25 de enero de 2001.

La Sra. Fiscal en su dictamen de fojas 20 informó que, en su opinión, procede rechazarse el exequátur solicitado.

Para entrar a la vista de la causa se pidió al Servicio de Registro Civil remitiera los extractos de filiación y antecedentes de don Rodrigo Robin Mamani Pocori y de don Friedrich Renard Mamani Poconi, los que se agregaron a fojas 27 y 29.

Se trajeron los autos en relación. r Considerando:

1º Que, Chile y Bolivia suscribieron la Convención de Derecho Internacional Privado en virtud de la que pueden cumplirse en Chile sentencias dictadas en dicho país, aplicándose en la especie lo dispuesto en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil;

2º Que, a su vez, el artículo 435 del Código de Derecho Internacional Privado dispone que Las resoluciones en los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil procedentes de un Estado contratante, se aceptarán por los demás si reúnen las condiciones exigidas por este Código para la eficacia de los documentos otorgados en país extranjero y procedan de juez o tribunal competente, y tendrán en consecuencia eficacia extraterritorial.;

3º Que lo que ha pedido el solicitante es subinscribir la sentencia dictada por un tribunal Boliviano, en las inscripciones de nacimiento de don Rodrigo Robin Mamani Pocori y de don Friedrich Renard Mamani Poconi, quienes son sus hijos.

4º Que este tribunal acogerá la solicitud sólo en cuanto se subinscriba tal sentencia con el objeto de quedar establecido que lo que se ha rectificado es el apellido paterno de don Toribio Mamani Apaza y no el de sus hijos;

5º Que lo decidido precedentemente es sin perjuicio de los derechos que Rodrigo Robin Mamani Pocori y Friedrich Renard Mamani Poconi, puedan ejercer de acuerdo con las leyes chilenas o que de oficio pueda adoptar de acuerdo a sus facultades el Servicio de Registro Civil, para rectificar el apellido paterno de los inscritos.

Y de conformidad con lo expuesto y citas legales, se declara que se concede el exequátur solicitado en lo principal de fojas 9 y, en consecuencia, se resuelve que procede subinscribir, la sentencia dictada por el Juzgado de Partido en lo Civil-Comercial de Quillacollo, Cochabamba, Bolivia, de fecha 8 de enero de 1993, en la inscripción de nacimiento Nº 3.553, del año 1972, de la circunscripción de Arica, correspondiente a don Rodrigo Robin Mamani Pocori, y en la inscripción de nacimiento Nº 1825, del año 1971, de la circunscripción de Arica, correspondiente a don Friedrich Renard Mamani Poconi, para los efectos señalados en el considerando 4º de esta sentencia.

Practíquese las subinscripciones que correspondan en el Servicio de Registro Civil.

Regístrese y arc hívese.

Rol Nº 3981-02.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Álvarez G. Eleodoro Ortíz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A. y Domingo Kokisch M.. Santiago, 3 de julio de 2003.

Corte Suprema 12.11.2003


Sentencia Corte Suprema

Santiago, doce de noviembre de dos mil tres.

VISTOS:

En estos autos ejecutivos rol 5597-00 del 28Juzgado Civil de Santiago, caratulados Franco Ledesma, Rolando con Alarcón Sarret, Julio José Reinaldo, por sentencia de nueve de octubre de dos mil uno, escrita de fs. 68 a 76, la juez titular de dicho tribunal acogió la excepción de pago parcial deducida por el ejecutado sólo por $700.000, ordenando seguir la ejecución por el saldo. Apelada esta resolución por ambas partes, una Sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, el dieciocho de julio de dos mil dos, la confirmó con declaración que el ejecutado quedaba condenado al pago de las costas en un 80%. En contra de esta sentencia, el demandado interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

PRIMERO: Que el recurrente sostiene que la sentencia, al confirmar la de primera instancia y acoger su excepción de pagó sólo por $700.000, ha incurrido en el vicio contemplado como causal de nulidad formal en el Nº 5del artículo 768 en relación con el Nº 4del artículo 170, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil. En efecto, agrega, la Corte no razonó sobre el mérito de los documentos acompañados por su parte en segunda instancia, en el primer otrosí de su presentación de fs. 128, donde consta que el ejecutante reconoce que su parte ha pagado siete cheques, de un total de quince.

SEGUNDO: Que dichos documentos, como se lee del referido escrito de fs. 128, fueron acompañados con citación, habiéndose proveído dicha presentación por el tribunal de alzada, a fs. 133, a sus antecedentes quote, esto es, no los tuvo por acompañados en la forma que la ley indica y, en consecuencia, no pudo tomarlos en consideración al momento de dictar sentencia. Ahora bien, en cuanto al supuesto vicio consistente, precisamente, en no haber tenido por acompañados legalmente los dichos instrumentos, debe estarse a lo que se dirá a propósito de la causal 9del citado artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, también deducida por el recurrente.

TERCERO: Que en segundo término, el recurrente sostiene que la sentencia ha incurrido en la causal 7del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil, pues contiene decisiones contradictorias desde que el fallo de primera, confirmado por la Corte de Apelaciones, afirma en su motivación séptima que su parte giró 15 cheques a favor del ejecutante, reconociendo así que el total de la deuda asciende a $18.650.000 pero, al mismo tiempo, en su razonamiento cuarto, había afirmado el mismo fallo que dicha deuda era de $15.500.000.

CUARTO: Que como se ha dicho en forma reiterada por esta Corte, no contiene ni puede contener decisiones contradictorias la sentencia que resuelve, con arreglo a derecho, la única cuestión debatida por las partes. Así, si el demandado opuso como excepción la del Nº 9 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que la acoge parcialmente contiene una sola decisión y no podrá, en consecuencia, estar en pugna con ninguna otra. Si lo que el recurrente quiso denunciar fue la contradicción entre los considerandos de la sentencia, ello es motivo de una causal de casación distinta de la deducida.

QUINTO: Que, por último, el recurrente dice viciada la sentencia por la causal del Nº 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el Nº 2 del artículo 800 del mismo cuerpo legal, porque su parte acompañó en el primer otrosí de fs. 128 los documentos que allí se detallan y la Corte, en vez de agregarlos en forma legal, proveyó a sus antecedentes.

SEXTO: Que el inciso primero del artículo 769 del Código de Procedimiento Civil dispone que Para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma es indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos sus g rados los recursos establecidos por la ley. En el caso sub lite, no se cumple con esta exigencia por cuanto la resolución de la Corte de Apelaciones de fs. 133 que causaba agravio al ejecutado, no fue objeto del recurso de reposición por parte de éste, de modo que su recurso de casación en la forma, en cuanto se deduce por esta causal, no está preparado.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO.

SÉPTIMO: Que el recurrente sostiene que el abono total hecho por su parte a la deuda que se cobra en autos es de $3.850.000 pero la Corte acogió su excepción de pago sólo por $700.000. Para establecer este hecho, agrega el recurrente, la sentencia ha infringido las normas reguladoras de la prueba, específicamente el artículo 1698 del Código Civil, en relación con los artículos 69, 346 y 348 del Código de Procedimiento Civil, además del artículo 1713 del primer cuerpo legal citado, toda vez que consta de los documentos acompañados en segundo grado que está reconocido por la contraparte el abono por la referida suma de $3.850.000.

OCTAVO: Que como se ha sostenido por esta Corte, se infringe el inciso primero del artículo 1698 del Código Civil cuando los jueces del fondo invierten el onus probandi, esto es, cuando hacen recaer la carga de la prueba en quien no está obligado a hacer acreditación alguna. En la especie, claramente no está infringida dicha disposición desde que, demostrada la existencia de la obligación por el demandante, fue sobre el demandado que recayó el peso de la prueba para convencer a los sentenciadores que la había extinguido, al menos parcialmente, mediante la solución o pago.

NOVENO: Que de otro lado, tampoco puede haber infracción al artículo 1713 del Código Civil, por cuanto es un hecho de la causa (letra b del considerando séptimo de la sentencia de primer grado, confirmada por la de segunda instancia), que el recurrente giró quince cheques a favor del actor y si en la demanda se esgrimen como títulos ejecutivos seis cheques y se ha reconocido por el acreedor que siete cheques están pagados, no quiere decir ello, como lo cree el ejecutado, que precisamente esos documentos pagados por su parte correspondan a los que en estos autos se ejecutan.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, el recurso de cas ación en el fondo, al igual que el de forma, será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 767 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos a fs. 137 por la abogado Paola Salcedo Díaz, en representación de don Reinaldo Alarcón Sarret, en contra de la sentencia de dieciocho de julio de dos mil dos, escrita a fs. 136.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Ortiz.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Nº 3975-02.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Hernán Alvarez G., Eleodoro Ortíz S., Enrique Tapia W., Jorge Rodríguez A., y Abogado Integrante Sr. Manuel Daniel A.

No firma el Ministro Sr. Tapia, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicios.

Corte Suprema 05.12.2002


Sentencia Corte Suprema

Santiago, cinco diciembre de dos mil dos.

Proveyendo a fojas 101, a lo principal, téngase presente; al otrosí, no ha lugar.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos tercero a sexto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que son hechos indiscutidos que el camino privado es un deslinde común a las parcelas al oriente de aquellas que reclama como suyas el recurrente y al poniente de las que serían de la parte recurrida.

No ha sido discutido que dicho camino accede al que va de Santiago a Valparaíso, vía Cuesta Barriga, hoy Padre Hurtado a Curacaví, y que efectivamente la Sociedad Agrícola e Inmobiliaria San José Ltda. instaló allí un portón con candado.

Segundo: Que, por otra parte, se ha comprobado con las constancias de ministros de Fe, como son Carabineros de Chile y el Receptor judicial, que el 17 de abril y el 17 de agosto fechas de este año, el portón estaba cerrado con cadena y candado, de manera que el recurrido ha mantenido la situación de hecho que se le reclama y ha controlado el acceso al camino, en circunstancias que no tiene el dominio exclusivo de él.

Tampoco lo construyó enteramente a su costo porque el recurrente aportó lo suyo.

Tercero: Que el recurrido no acompañó antecedente alguno respecto a que su contrario pudiera acceder a la vía pública gracias a otros tres portones.

Cuarto: Que resulta entonces comprobado que el actuar de la Sociedad Agrícola e Inmobiliaria San José Ltda. ha obstaculizado el libre acceso a los inmuebles de que Ortiz Silva es poseedor inscrito y por este motivo perturba su derecho de propiedad, sin justificación legítima, lo que constituye una arbitrariedad.

En efecto, no puede proteger de extra 'f1os sus predios, cerrando el paso de otros a la vía común de acceso, ya que no es imputable a éstos que no haya tomado los resguardos en los inmuebles mismos como sería, por ejemplo, cercarlos.

Quinto: Que, en estas circunstancias, la solución práctica y simple de ordenarle que entregue llaves del candado, al recurrente, resulta pertinente, sin perjuicio de que, también deba abstenerse en el futuro de entrabar de cualquier manera la circulación de éste por dicho lugar otorgándole, por el contrario todas las facilidades para ello.

Y visto lo dispuesto en los artículos 700 y 1.437 del Código Civil, 19 Nº 24 y 20 de la Constitución Política de la República, se revoca la sentencia apelada de tres de octubre pasado, escrita a fojas 91, y se declara que se acoge el recurso de protección deducido a fojas 16, contra la Sociedad Agrícola e Inmobiliaria San José Ltda. disponiendo:

I.- Que el recurrido deberá entregar en el plazo de 24 horas de notificado este fallo, un juego de dos llaves del candado puesto en el portón del camino particular de acceso a las parcelas del recurrente, a su costo.

II.- Que se abstendrá en el futuro de entrabar de cualquier manera la circulación de éste por dicho lugar otorgándole, por el contrario todas las facilidades para ello, bajo apercibimiento de proceder con la fuerza pública a remover cualquier obstáculo en contra, también a su costo, sin perjuicio de las medidas de apremio que establece la ley.

Regístrese y devuélvase.

Nº 3.970-02

Corte Suprema 23.10.2003


Sentencia Corte Suprema

Santiago, veintitrés de octubre del año dos mil tres.

Vistos:

En estos autos rol Nº 3.956-02 el Fisco de Chile dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, confirmatoria de la de primera instancia, del Tercer Juzgado Civil de la misma ciudad que acogió la reclamación deducida por la demandante Exportadora Unifrutti Traders Ltda., fijando como valor de la indemnización correspondiente a la expropiación de un lote de terreno la suma de $103.106.000, menos el monto consignado en la causa. El fallo de segundo grado ordenó, además, reajustar la indemnización provisional.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1º) Que el recurso denuncia la infracción del artículo 38 del Decreto Ley Nº 2.186, señalando que constituye la norma decisoria litis, esto es, la que ha de servir como parámetro para la determinación definitiva que se adopte, fundado en que a la luz de esta norma, cuyo texto reproduce, no existía fundamento jurídico para estimar, como lo hizo el fallo recurrido, que el concepto de indemnización debe comprender daños patrimoniales que no han sido causados por la expropiación y que no son consecuencia directa e inmediata de ésta; y agrega que todos los rubros que indica no debieron ser considerados para los efectos de ser indemnizados por la expropiación del Lote Nº 4, en razón de que no forman parte del daño que se causa con la expropiación, ya que en nada fueron afectados por ésta, que únicamente afectó el terreno;

2º) Que el Fisco de Chile señala que consta de autos que la expropiación del referido Lote no afectó otros rubros diferentes al terreno, por lo que no existió ningún motivo para ser reemplazados; que, de acuerdo con el informe de la Comisión de Peritos, los rubros comprendidos en el terreno expropiado no requerían una nueva construcción, de modo que como no fueron objeto de la expropiación, no debieron ser tenidos en cuenta para ser indemnizados; que concederlo así, se valida la conclusión de que la indemnización debe comprender no sólo lo efectivamente expropiado, sino, además, otros bienes no incluidos en el decreto expropiatorio y que no son afectados por el mismo, y que con este criterio la indemnización por expropiación se convertiría en una fuente de enriquecimiento sin causa para el expropiado, lo que el D.L. Nº 2.186 no contempla;

3º) Que el recurso añade que en autos se condenó al Fisco a pagar indemnización por bienes no afectos a la expropiación y que no necesitaban ser repuestos por nuevas construcciones, lo que resulta incompatible con el concepto de indemnización, establecido en el artículo 38 del D.L. de que se trata, que ordena reparar el daño efectivamente causado, consecuencia directa e inmediata del acto expropiatorio;

4º) Que el recurrente, luego de hacer una referencia a la historia fidedigna del establecimiento del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, señala que el primer derecho que se reconoce al expropiado es a ser indemnizado efectiva, real y suficientemente, sin que ello implique que éste se haga más rico a costa del expropiante, sino que sea compensado en la misma medida que los perjuicios que se le han ocasionado, criterio que ha sido aplicado por los tribunales de justicia, por lo que en el presente caso la indemnización concedida va más allá de los términos contenidos en la norma que se dio por infringida, convirtiendo a la expropiación por causa de utilidad pública en una ocasión de lucro o ganancia para el expropiado, como si del desarrollo de cualquier negocio se tratara, dándose así una falsa e indebida aplicación del artículo 38 del D.L. Nº 2.186 a una situación que éste no regula;

5º) Que, al explicar la forma como el error de derecho influye en lo dispositivo del fallo, el Fisco de Chile expresa que éste ha establecido que para arribar a las conclusiones que consigna, confirmando la sentencia de primer grado, ha tenido a la vista que la indemnización no sólo se refiere al valor del bien raíz, sino que comprende también rubros que no han sido afectados por la expropiación, ponderación que constituye la ilegalidad que representa; que de haber dado estricta y correcta aplicación al artículo 38 del D.L. Nº 2.186, el fallo debió concluir que sólo se debía indemnizar el terreno expropiado y no los otros rubros que indica, pues el pago de indemnización por estos últimos resulta incompatible con las indemnizaciones por expropiaciones por causa de utilidad pública, y que se debió, entonces, revocar la sentencia de primera instancia que concedió expropiación por bienes no expropiados, rubros que aumentaron la indemnización en $52.350.000;

6º) Que para tener una mejor perspectiva que permita apreciar adecuadamente el problema planteado, resulta conveniente señalar que mediante decreto de 19 de agosto de 1999, se dispuso expropiar para el Fisco, el lote de terreno Nº 4, Km. 0,726 al 0,966 de propiedad de Exp. Unifritti Traders Ltda., necesario para la ejecución de la obra Ruta 5, tramo Talca Chillán, calle de Servicio Sector Emboque, que se encuentra ubicado en la Séptima Región y que se individualiza en los Planos y Cuadros de Expropiación elaborados por la Dirección de Vialidad de la Dirección General de Obras Públicas y aprobados, en lo que respecta a ese lote, por dicho decreto, el cual expresa que la comisión de peritos, integrada por los señores Jorge Miguel Brito Obreque, Patricio Ulises Durán Marcos y Antonio Isidoro Abásolo Jiménez, con fecha 7 de mayo de 1999, fijó el monto de la indemnización provisional en la suma de $4.095.600 para dicho lote, cantidad afecta al reajuste que determina el artículo 5º del Decreto Ley Nº 2.186 y que se pagará al contado;

7º) Que la cifra fijada como monto provisional de la expropiación, fue consignada ante el tribunal correspondiente y de ella se reclamó mediante la presentación de fs.71, en la que se pidió fijar el monto de la indemnización definitiva en la suma total de ciento treinta y ocho millones trescientos cincuenta y un mil pesos, que se descompo nen en los siguientes rubros: Terreno, la suma de $58.021.000, a razón de $17.000 por cada uno de los 3.413 metros cuadrados expropiados; nuevos accesos: la suma de $5.100.000 por estabilizado y playa de estacionamiento de camiones de 30 por 60 metros; la suma de $13.930.000 por estabilizado y loza de acceso a la planta de 10 por 70 metros; $4.025.000 por la construcción de nueva portería de 3 por 6 metros; $27.935.000 por la construcción de caseta para romana, obra civil y báscula; $16.160.000 por el estabilizado y loza desde nueva romana hasta loza existente; $5.250.000 por el cierre perimetral nuevo en 330 metros con malla acma y postes; $5.130.000 por la nueva iluminación adicional y $2.800.000 por la nueva playa de estacionamiento de vehículos. Además, pidió que las sumas señaladas deben ser adicionadas con los reajustes legales consistentes en la variación del índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el mes anterior al momento de la consignación de la suma que se fije, conforme al artículo 17 del Decreto Ley tantas veces referido;

8º) Que, tramitado el proceso, se dictó sentencia definitiva, con fecha 19 de octubre del año dos mil uno en la que, luego de hacerse un mero recuento del mismo, sin fijar hechos, y sin efectuar razonamiento alguno, sino que limitándose a decir que del mérito de las probanzas allegadas, se desprende que el monto de la indemnización provisional reclamada es bastante exiguo, se determina prudencialmente en la suma de doce mil pesos el metro cuadrado de terreno expropiado, lo que totaliza $40.756.000 y acogiendo los demás rubros solicitados, antes señalados, a un total de $52.350.000;

9º) Que el fallo de segundo grado, sin hacerse cargo de las deficiencias anotadas, se limitó a confirmar, con declaración de que el monto provisional ha de ser reajustado en la forma que se indica;

10º) Que el artículo 38 del Decreto Ley Nº 2.186, que constituye la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, dispone que Cada vez que en esta ley se emplea la palabra indemnización, debe entenderse que ella se refiere al daño patrimonial efectivamente causado con la expropiación, y que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma.

En parecidos términos se expresa el artículo 19, nú mero 24, inciso 3º, de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que el recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador, y a continuación el precepto estatuye que El expropiado podrá reclamar de la legitimidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales;

11º) Que, como se advierte de los textos transcritos, la indemnización debe ser para un daño patrimonial efectivamente causado y que sea una consecuencia directa e inmediata de la misma;

12º) Que indemnización es el resarcimiento de un daño o perjuicio, la idea de daño entraña todo detrimento, molestia o dolor que por causa de otro sufra un individuo en sus bienes o persona, y los daños pueden ser directos o indirectos;

13º) Que, tal como se desprende de los preceptos transcritos, lo que en la especie ha de indemnizarse es el daño directo e inmediato: directo, es decir, Derecho o en línea recta; e inmediato, es decir, Contiguo o muy cercano a otra cosa y, también Que sucede enseguida, sin tardanza (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua);

14º) Que de lo dicho, puede desprenderse que el daño, para ser indemnizable, debe provenir en forma recta o derecha del hecho que lo ha provocado, que ha de estar contiguo o muy cercano al mismo, o que ha ocurrido enseguida;

15º) Que hay que llegar a concluir que en la expropiación lo que se ha de indemnizar es aquello que guarda una relación de cercanía con el acto o hecho que ha originado el perjuicio y que, en el presente caso, es indudablemente y en primer lugar, el propio bien de que, mediante un acto de expropiación, se ha privado al propietario, perjuicio que, como esta Corte lo ha dicho en forma reiterada, en recursos similares, debe comprender la aptitud de generar ganancia o lucro que este bien pueda tener en determinado caso; y si la propiedad ordenada expropiar tiene construcciones u otros bienes que, al tenor de lo que disponen los artículos 568, 569 y 570 del Código Civil, deban considerarse como inmuebles, y de que también se priva a su propietario por el acto de expropiación, resulta evidente que deberán comprenderse en la determinación del monto indemnizatorio, pues de ellos también habrá una privación directa e inmediata;

16º) Que, sin embargo, distinto es el caso de todo aquello que no tenga los caracteres que se han esbozado y, en forma muy particular, lo que el propietario estime que deberá construir en reemplazo de aquello de que se le priva, porque no habrá un daño ni directo ni inmediato y en su fijación siempre estará presente la subjetividad de quien lo pretenda, que naturalmente se inclinará por estimar en más aquello que se le expropia. De esta forma, encontrándose todos aquellos conceptos señalados por el expropiado, relativos a rubros que no constituyen el daño causado por la privación del terreno, ya tasado en la suma de $58.021.000, y que el recurrente ha llamado nuevos accesos; estabilizado y playa de estacionamiento de camiones, estabilizado y loza de acceso, construcción de nueva portería, construcción de caseta para romana, obra civil y báscula, nuevamente estabilizado y loza, en relación con lo anterior, cierre perimetral, nueva iluminación adicional y nueva playa de estacionamiento de vehículos, ha de entenderse que no constituyen daños directos ni inmediatos causados por el acto expropiatorio;

17º) Que, de todo lo que se ha expuesto y razonado, debe concluirse en que los jueces del fondo al fallar como lo han hecho erraron en derecho, contrariaron el texto del artículo 38 del D.L. Nº 2.186, con influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia que se impugna, que ha fijado una indemnización improcedente, y que conduce a un doble pago, porque los rubros que se estimaron indemnizables, aparte del terreno, han estado ya comprendidos en la indemnización definitiva, que abarca todo aquello que albergada el lote de la propiedad que fue expropiado;

18º) Que, por lo señalado, el recurso de casación en el fondo debe ser acogido, al ha berse constatado la perpetración de una infracción de ley, con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo que se impugna.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fs.192, contra la sentencia de doce de septiembre del año dos mil dos, escrita a fs.191, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Daniel.

Rol Nº 3.956-2002.

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Domingo Yurac, Sr. Humberto Espejo y Srta. María Antonia Morales; y el Abogado Integrante Sr. Manuel Daniel.

Sentencia de Reemplazo Corte Suprema

Santiago, veintitrés de octubre del año dos mil tres.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del término prudencialmente, contenido en su motivo séptimo, así como toda la parte final de este mismo considerando, que comienza con la expresión por concepto de estabilizado de playa de estacionamiento..., que se ubica luego de la cifra $40.756.000; y hasta el final, todo lo que se elimina;

Se reproducen, asimismo, los motivos sexto a décimo sexto del fallo de casación que antecede;

Y se tiene, además, presente:

Primero.- Que, tal como quedó expresado en los motivos sexto y séptimo del fallo de casación que antecede, mediante el Decreto Nº 2.194 de 19 de agosto de 1999, del Ministerio de Obras Públicas, se expropió para el Fisco, el lote de terreno Nº 4, Km.0,726 al 0,966, necesario para la ejecución de la obra Ruta 5, tramo Talca-Chillán, Calle de Servicio Sector Emboque que se encuentra ubicado en la Séptima Región, cuyo propietario es Exp. Unifrutti Traders Ltda., rol de avalúo 539-84, en una superficie de 3.413 metros cuadrados, fijando la Comisión de Peritos que se nombró el monto de la indemnización provisional en la cantidad de $4.095.600, cantidad afecta al reajuste que determina el Decret o Ley Nº 2.186 de 1978;

Segundo.- Que la empresa expropiada dedujo reclamo respecto del monto provisional determinado, señalando que el predio no es agrícola, y que al calificarlo de tal modo la comisión tasadora fiscal erró y, por lo tanto, no puede tasarse como tal sino que como predio industrial, en el que funciona una planta frigorífica. Señala el reclamo que el nuevo trazado, unido a la instalación de la mediana en la carretera, obligará a la expropiada a construir un nuevo acceso destinado a permitir el ingreso de vehículos y especialmente camiones a la planta, provenientes del sur, ya que ellos no podrán acceder por el acceso actual, puesto que estarán impedidos por la barrera que se instalará en la mediana, señalando a continuación las obras que deberá construir, como consecuencia directa e inmediata y por efecto de la expropiación parcial de que es objeto, según su estimación, y que se han indicado en el fallo de casación, en la parte que se ha tenido por reproducida.

En cuanto a los valores de la expropiación, solicita la cancelación de ciento treinta y ocho millones trescientos cincuenta y un mil pesos ($138.351.000), suma que comprende diversos ítems, en primer lugar, por el terreno expropiado, cincuenta y ocho millones veintiún mil pesos ($58.021.000) a razón de $17.000 el metro cuadrado por cada uno de los 3413 expropiados. Y por lo que denomina nuevos accesos, la cantidad restante hasta completar el total pretendido;

Tercero.- Que el Fisco de Chile contestó la demanda, pidiendo el rechazo, exponiendo que no se puede pagar por aquello que no se afecta por el acto expropiatorio y que el demandante sólo se ha limitado a indicar su valor, sin expresar ningún motivo por el cual pide las sumas asignadas a cada caso;

Cuarto.- Que, tal como se señaló en la sentencia que se revisa, se rindió por parte de la reclamante, prueba de testigos, a fs.136, además de pericial. Esta última tasa en $17.500 el valor del metro cuadrado, lo que da un total de $59.727.500. Además, por los restantes conceptos solicitados, se fija un valor de $158.120.000, esto es, por las obras que el demandante estima que se deberán llevar a cabo. Todo lo anterior es tasado en un total de $219.890.500;

Quinto.- Que por su parte, el Fisco de Chile también presentó prueba pericia l, la que asigna, al momento de la expropiación, un valor de $7.000 a cada metro cuadrado, totalizando el paño un valor de $23.891.000 y por concepto de cierros y otros, un total de $35.560.000, ascendiendo el total de la tasación a $61.761.000;

Sexto.- Que el mérito de los antecedentes allegados permite a esta Corte concluir que se expropió un lote de terreno perteneciente a la sociedad demandante, Unifrutti Traders Ltda., por un total de 3.413 metros cuadrados.

Según el peritaje de fs.113, del perito de la reclamante, la expropiación afecta una faja de 15 metros de ancho por una longitud de 227,53 metros en el costado norte de la propiedad, con una superficie de 3.413 metros cuadrados, lo que implica restar al terreno total, 1,63 % de su superficie útil;

Séptimo.- Que por su parte, la pericia del Fisco de Chile, de fs.127, establece que los terrenos fueron suelos agrícolas y en el presente caso tienen aprobado el cambio de uso por resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura. Señala que la ubicación del predio es buena; sin embargo, se trata de una franja expropiada en el deslinde norte, con poco frente a la carretera y su destino es industrial con las instalaciones propias para ello, y por el deslinde norte se expropió un cierro de malla, tipo gallinero, gruesa, de 1,80 metros de alto, en poste de concreto con un ala superior con 3 hebras de alambre de púas, por lo que debido al cierre de salida y entrada de vehículos por la carretera 5 sur, va a tener la industria una entrada por el norte y, por el sur, en la calle de Servicio Emboque, lo que obliga a la empresa a construir una calzada interior colindante con la reja que lo separa de la carretera para llegar a la romana de pesaje y descargue respectivo;

Los referidos datos, particularmente las pericias rendidas, que se aprecian conforme a las normas de la sana crítica, permiten a este Tribunal fijar en la suma de $12.000 cada metro cuadrado, lo que totaliza la cantidad de $40.756.000, los que llevarán a acoger la demanda tan sólo en esta suma, rechazándola en el exceso pretendido por este mismo concepto;

Octavo.- Que, en cambio, en relación con los demás rubros, agrupados bajo el concepto de nuevos accesos y que son todas obras nuevas que la reclamante estima que deberá llevar a cabo, las que deriva del acto expropiatorio, tal como quedó sentado en el fallo de casación que precede, no constituyen daños que puedan ser imputables al acto de expropiación y, por ende, no cabe calificarlos de directos ni inmediatos. Ello, por las razones latamente expuestas en el fallo de casación, en las motivaciones que se tuvieron por expresamente reproducidas, de tal manera que a este respecto la demanda deducida no puede prosperar;

Noveno.- Que a la cantidad que se ha acogido, habrá de rebajarse la suma fijada a título de indemnización provisional, debidamente reajustada conforme a la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor que fija el Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre la fecha de consignación del bien o lote expropiado y la de pago efectivo;

Décimo.- Que, asimismo, la suma ordenada pagar habrá, por su parte, de ser también reajustada, de acuerdo con la correspondiente liquidación que se efectuará en primera instancia;

Undécimo.- Que, en lo restante pedido por la reclamante, la demanda ha de entenderse rechazada, esto es, en cuanto pretende que se le pague por lo que denomina nuevos accesos, comprensivos de los diversos rubros anteriormente indicados.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 186, 187, 189, 223 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

A) Que se acoge la demanda interpuesta por la empresa Unifrutti Traders Ltda., en lo principal de la presentación de fs.71, sólo en cuanto se fija en la suma de $12.000 el valor de cada uno de los $3.413 metros cuadrados de terreno que le fueron expropiados, esto es, se determina en el monto total de $40.756.000, con los reajustes que se indicaron en la parte expositiva de esta sentencia, la suma que el Fisco de Chile ha de pagar a dicha demandante, con ocasión del referido proceso expropiatorio, rechazándose la demanda en lo demás pedido por este concepto;

B) Que se rechaza la referida acción, en todo lo solicitado respecto de los rubros pretendidos y que en ella se denominan nuevos accesos; y

C) Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Daniel.

Rol Nº 3.956-2002.

Pronunciado por la Tercera Sala, in tegrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Domingo Yurac, Sr. Humberto Espejo y Srta. María Antonia Morales; y el Abogado Integrante Sr. Manuel Daniel.